La formalización minera, presentada durante años como la salida a la informalidad, hoy es vista por miles de trabajadores como una promesa rota. Más de 57 mil procesos permanecen detenidos en el país, mientras mineros artesanales de Arequipa denuncian abandono estatal, trámites interminables y una estructura pública incapaz de responder a la realidad del sector.
En provincias como Caravelí, Condesuyos y Castilla, la minería artesanal sigue siendo el principal sostén económico de comunidades enteras. Sin embargo, lejos de integrarlos al sistema productivo nacional, el proceso de formalización se ha convertido en un obstáculo permanente. Nilson Flores Suárez, vocero de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, sostiene que la falta de conducción política y técnica ha dejado al sector a la deriva, con funcionarios que cambian constantemente y oficinas que operan de manera irregular.
La consecuencia directa de este desorden es un limbo administrativo que paraliza expedientes y desgasta a los pequeños productores. Flores advierte que los mineros no buscan evadir la ley, sino cumplirla, pero el propio Estado bloquea ese camino. Requisitos como estudios ambientales, permisos de uso de agua, certificaciones arqueológicas y autorizaciones para explosivos se acumulan sin respuesta, alimentando la sensación de abandono y frustración.
Esta parálisis, señala el dirigente, ha abierto la puerta al crecimiento del mercado informal y al fortalecimiento de redes ilegales. La falta de autorizaciones impide la compra legal de insumos básicos, encareciendo costos y empujando a los mineros a alternativas irregulares. Para Flores, el problema no radica en el pequeño productor, sino en un sistema que castiga al que intenta formalizarse y termina beneficiando a mafias y grandes intereses económicos.
Pese al escenario adverso, la federación ha optado por el diálogo técnico antes que la protesta sin rumbo. Entre sus propuestas figuran la restitución del derecho de preferencia sobre concesiones caducas, la simplificación de trámites ambientales y la descentralización de las oficinas de formalización. En Arequipa, más de 12 mil mineros esperan una respuesta concreta. “No pedimos favores”, resume Flores, “solo que nos permitan trabajar dentro de la ley antes de que esta crisis social estalle”.
