La decisión del gobierno de José Jerí de habilitar la carretera UC-105 reavivó la tensión en Ucayali, una región donde la deforestación avanza junto con economías ilícitas que operan sin freno. La vía, promovida por Fuerza Popular y aprobada con amplia mayoría, atravesará un corredor donde proliferan cultivos ilegales, pistas clandestinas y territorios indígenas que no fueron consultados y que hoy rechazan abiertamente la medida.
La norma promulgada por el Ejecutivo respalda una propuesta presentada por la congresista fujimorista Jenny López. Su bancada impulsó la ruta para conectar Pucallpa con Atalaya y llegar hasta Puerto Breu, en la frontera con Brasil. El proyecto avanza pese a que un reportaje previo ya había documentado la expansión de cultivos ilegales y la aparición de trochas y narcopistas en áreas donde ahora se plantea construir infraestructura. Aun así, varios de los impulsores guardaron silencio ante los cuestionamientos sobre los riesgos que implica habilitar una vía en pleno corredor de actividades ilícitas.
El entusiasmo de autoridades locales por integrarse comercialmente con Brasil también marcó el debate. En Atalaya, su alcalde defendió la carretera como una oportunidad económica. Aunque la evidencia disponible muestra que estas rutas suelen abrir paso a redes criminales transfronterizas. Mientras en el Congreso la propuesta fue aprobada y exonerada de una segunda votación, las comunidades indígenas que habitan el territorio rechazaron frontalmente el proyecto. Incluso formaron una Comisión Transfronteriza entre Perú y Brasil para denunciar los impactos que la carretera traerá a sus territorios y a los bosques que consideran esenciales para su supervivencia.
En paralelo, líderes indígenas advirtieron que la apertura de la UC-105 coincide con zonas donde organizaciones criminales ya operan con control territorial. Monitoreos satelitales revelan un patrón repetido de trochas nuevas, áreas con deforestación reciente y narcopistas conectadas entre sí. En varios tramos del trazado previsto, los sembríos de coca se ubican a escasos metros del camino proyectado. También se han detectado zonas con minería incipiente. Lo que evidencia que el área no solo concentra cultivos ilegales, sino actividades que facilitan la transformación y movimiento de droga y la extracción aurífera informal.
Las alertas se extienden más allá de Perú. Autoridades brasileñas han confirmado la presencia del Comando Vermelho en la frontera ucayalina. Este es un indicio de cómo las organizaciones criminales aprovechan la ausencia estatal para expandir un sistema económico ilícito diversificado. Expertos en seguridad señalan que la apertura de nuevas carreteras en territorios con débil control institucional tiende a acelerar la ocupación ilegal y la degradación ambiental. Con la UC-105, advierten, podría repetirse la misma dinámica que hoy afecta a otras zonas de la Amazonía. Allí donde la infraestructura formal terminó reforzando la logística de actividades criminales.
