La Defensoría del Pueblo ingresó a un proceso de revisión especial de la GANHRI ante señales de presunta pérdida de independencia, falta de transparencia y ausencia de respuesta frente a denuncias presentadas por la CNDDHH. El Subcomité de Acreditación activó el mecanismo tras constatar que la oficina de Josué Gutiérrez no remitió información solicitada desde 2025, lo que generó preocupación internacional por la autonomía del organismo.
La alerta internacional se encendió luego de meses en los que la Defensoría del Pueblo ignoró los pedidos de información enviados por el Subcomité de Acreditación de la GANHRI. Según la documentación, el organismo recibió el 1 de septiembre de 2025 un informe de la CNDDHH que detallaba restricciones para acceder a archivos históricos, decisiones internas cuestionadas y un deterioro institucional que, a juicio de la sociedad civil, comprometía la autonomía defensorial. La ausencia total de respuesta del despacho de Josué Gutiérrez llevó al SCA a activar un procedimiento reservado para casos graves.
Este mecanismo excepcional solo se aplica cuando existe sospecha de que una institución nacional de derechos humanos podría estar vulnerando los Principios de París, estándar que garantiza independencia, transparencia y capacidad de supervisión frente al Estado. En este caso, la preocupación se centra en la aparente falta de autonomía de la actual gestión, la débil actuación frente a denuncias de violaciones de derechos humanos y la posibilidad de interferencia política en decisiones cruciales. El SCA concluyó que la gravedad de las alertas y el silencio institucional justificaban una evaluación prioritaria.
La revisión se realizará en 2026 y definirá si la Defensoría mantiene la categoría A, un estatus clave para participar en espacios de Naciones Unidas. Su eventual pérdida no solo limitaría su representatividad internacional, sino que enviaría una señal de retroceso en el país en un momento marcado por tensiones políticas y denuncias constantes de vulneraciones de derechos. Las comunicaciones remitidas por la CNDDHH también advierten un debilitamiento del rol supervisor del organismo y problemas internos que afectarían su capacidad de incidencia.
Para la GANHRI, estos indicadores comprometen seriamente la credibilidad de la institución. El informe del SCA subraya la preocupación por la eficiencia del mandato defensorial, su independencia y la percepción pública de su actuación. Con este escenario, la evaluación anunciada se convierte en un punto crítico para determinar si la entidad cumple aún con los estándares internacionales de autonomía, transparencia y defensa de la ciudadanía en un contexto político especialmente sensible.
