Con la guerra estancada y sin señales de una negociación real, Bruselas explora caminos para asegurar el respaldo financiero a Ucrania en 2026. Entre ellos, plantea usar liquidez proveniente de activos rusos congelados, una medida que la Comisión Europea defiende como viable, pero que Bélgica y el Banco Central Europeo consideran arriesgada y potencialmente contraria al Tratado de la UE.
La propuesta de la Comisión se sostiene en un diagnóstico claro: sin un compromiso firme de Moscú para avanzar hacia una paz justa, la presión económica sobre Ucrania seguirá creciendo. Ante ello, Bruselas pone sobre la mesa dos mecanismos para movilizar hasta 135.000 millones de euros. El primero consiste en emitir deuda comunitaria, una salida que requiere unanimidad entre los Veintiséis. El segundo es el más polémico: activar un “Préstamo de Reparaciones” empleando saldos derivados de activos inmovilizados del Banco Central de Rusia bajo custodia europea.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que el plan incluye salvaguardas para blindar a los Estados miembros y al sistema financiero de eventuales represalias rusas o litigios internacionales. Su argumento es que un movimiento de esta magnitud podría incluso empujar a Moscú a negociar. Bruselas confía en que, con una mayoría cualificada, esta vía sea políticamente viable y esté lista para su activación en el segundo trimestre de 2026, tras el debate de diciembre entre los jefes de Estado y de Gobierno.
Sin embargo, en Bélgica la iniciativa rebotó con fuerza. El primer ministro Bart de Wever advirtió que usar la liquidez de los activos rusos bajo custodia de Euroclear expone al país a riesgos financieros severos y posibles represalias. Su ministro de Exteriores fue más allá, calificando la idea de “inaceptable” y alertando sobre la sombra de una “bancarrota” si Bélgica carga con el impacto de una medida que podría alterar el frágil equilibrio diplomático frente a la guerra.
El rechazo también tomó cuerpo en Fráncfort. Christine Lagarde, presidenta del BCE, recordó que respaldar un préstamo basado en activos rusos congelados vulneraría el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Subrayó que Euroclear maneja una cartera de 40 billones de euros y que cualquier intento de movilizar esos fondos exigiría garantías del BCE, comprometiendo la estabilidad financiera de la eurozona. Ante ello, sugirió alternativas compatibles con la ley, como la emisión de bonos específicos para Ucrania, insistiendo en que el apoyo político debe respetar el marco jurídico y preservar la confianza en el euro.
