La ofensiva parlamentaria contra Delia Espinoza culminó con una segunda votación que la dejó fuera del Ministerio Público por una década. Los 71 votos que sellaron su inhabilitación cambiaron el rumbo de un proceso que parecía destinado al archivo. Espinoza denunció arbitrariedades y represalias por sus denuncias constitucionales contra legisladores, mientras un sector del Congreso celebró la medida y otro alertó sobre un golpe a la independencia institucional.
La recta final del proceso contra Delia Espinoza tomó un giro inesperado cuando los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow pidieron reconsiderar la votación que horas antes no había alcanzado los 68 votos necesarios. Con 116 parlamentarios presentes, el Pleno reabrió el debate y convirtió un revés legislativo en una victoria para quienes impulsaban la sanción. La inhabilitación por diez años se aprobó con 71 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, marcando un nuevo episodio en la disputa política entre el Parlamento y el Ministerio Público.
El sustento de la medida apunta a que Espinoza habría respaldado y elaborado el reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, señalado por presuntamente contravenir la Ley 32130. Pero los informes oficiales aclararon que el documento no se debatió ni votó en la Junta de Fiscales Supremos, sino que surgió durante la gestión interina de Juan Carlos Villena. Pese a ello, el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó que Espinoza vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, atribuyéndole posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Durante su intervención final, Espinoza sostuvo que la acusación no solo carecía de sustento, sino que respondía a un castigo por haber presentado denuncias constitucionales contra varios congresistas. Relató presiones, arbitrariedades y un ambiente hostil, advirtiendo que la decisión buscaba disciplinar a quienes no se alinean con el poder político. Su abogado, Rodolfo Pérez, reforzó esta idea al calificar el proceso como tramposo y plagado de coacciones.
La batalla no termina allí. Una segunda inhabilitación podría concretarse luego de que la Subcomisión aprobara otro informe final que plantea excluir nuevamente a Espinoza de la función pública por diez años. El caso se origina en la denuncia que ella presentó contra once congresistas por votar a favor de permitir que exmilitares y expolicías cobren pensión y remuneración simultáneamente. Aunque la defensa afirma que actuó dentro del marco constitucional, el Congreso insiste en que vulneró nuevamente los mismos artículos. La tensión entre ambos poderes, lejos de disiparse, parece afianzarse.
