La reciente decisión de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de levantar la suspensión de la Viabilidad Técnica Temporal (VTT) del proyecto Megapuerto de Corío ha reavivado tensiones entre el Gobierno Regional de Arequipa y el organismo portuario. La medida, oficializada mediante la Resolución de Acuerdo de Directorio N.º 0094-2025-APN-DIR, restituye las condiciones para que el Consorcio Hub Corío Megapuerto continúe con su trámite. Esto pese a que aún no se han presentado los estudios clave que sustentan su factibilidad.
La VTT fue originalmente suspendida el 11 de agosto a pedido del gobernador regional Rohel Sánchez, quien advirtió que el consorcio aún no había cumplido con presentar el estudio de demanda —programado para el 11 de diciembre de 2025— ni el “Plan Maestro Portuario”, cuyos resultados se esperaban recién para febrero de 2026. Ambos documentos son considerados esenciales para evaluar la pertinencia, escala y viabilidad del megaproyecto.
Sin embargo, la APN argumentó que la legislación vigente no impide que coexistan varios proyectos portuarios en evaluación. Siempre que cada uno cumpla los procedimientos formales establecidos. Asimismo, precisó que contar con una viabilidad técnica temporal no compromete la decisión final del organismo. El mismo que puede negar la viabilidad definitiva si el administrado no cumple con los requisitos técnicos.
La decisión del levantamiento ocurrió en un contexto marcado por cuestionamientos previos del gobernador Sánchez sobre el proceso que derivó en la autorización temporal concedida el 8 de agosto al consorcio integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C. El gobernador presentó tres observaciones principales: incumplimiento de acuerdos estatales, presunto conflicto de intereses del titular de la APN y falta de experiencia portuaria del consorcio.
Respecto al primer punto, Sánchez recordó que el VIII Consejo de Estado Regional, realizado en Iquitos en julio, dispuso que la APN debía culminar primero el estudio de demanda —programado inicialmente para noviembre— y posteriormente abrir una “convocatoria internacional” para recibir propuestas de alto nivel. La entrega de la autorización antes de cumplir estos hitos fue interpretada como un desconocimiento de dicho acuerdo.
El segundo cuestionamiento apunta al presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño. A quien Sánchez relacionó con una presunta situación de conflicto de intereses. Según afirmó, Arrisueño se desempeñó previamente como consultor de la APN y emitió opinión favorable sobre el expediente del plan maestro del consorcio, pese a observaciones técnicas internas. Luego, ya como presidente de la ANP, habría promovido la aprobación temporal sin resolver dichas discrepancias.
El tercer reparo se refiere a la experiencia limitada del consorcio. Leet Arquitectura fue constituida en 2022 y Beton Terra en 2017, ambas enfocadas en construcción de edificaciones, sin antecedentes en infraestructura portuaria. Para el gobernador, este perfil insuficiente alimenta la sospecha de un “tráfico de licencias”. Y la autorización temporal serviría para negociar la titularidad y asegurar financiamiento en lugar de ejecutar un proyecto real.
Tras el levantamiento de la suspensión, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), de la cual Sánchez es miembro, emitió un comunicado respaldando su postura. En el pronunciamiento, la ANGR expresó profunda preocupación por la decisión de la APN y recalcó que el megaproyerto Corío —considerado un “Activo Estratégico del Perú”— debe avanzar con absoluta transparencia, rigor técnico y respeto a los acuerdos de Estado.
“El desarrollo de Corío exige decisiones imparciales y justificadas”, señala el documento, que también advierte sobre “actos administrativos cuestionados e irregularidades vigentes” en el proceso. El comunicado reafirma la vigilancia de los gobiernos regionales para asegurar que el megaproyecto no se vea comprometido por decisiones aceleradas o sin sustento.
