Un nuevo capítulo en la disputa política nacional volvió a abrirse en el Parlamento: la legisladora Margot Palacios presentó un proyecto que propone conceder amnistía total a Pedro Castillo, quien cumple condena por conspiración para la rebelión tras el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022. El documento sostiene que el exmandatario fue destituido de manera irregular y que el proceso que derivó en su sentencia vulneró principios constitucionales y su derecho a la defensa.
La iniciativa ingresó al Congreso con la promesa de borrar todo antecedente penal vinculado al proceso que llevó a Castillo a su actual situación. El texto plantea la extinción de la pena y de cualquier efecto jurídico que derive de su participación en los hechos del 7 de diciembre, cuando anunció la disolución del Parlamento y la reorganización del sistema judicial. Para Palacios, aquella acción —calificada como golpe de Estado por diversas instituciones— no fue más que un episodio manipulado y tramitado sin garantías mínimas.
En su exposición de motivos, la parlamentaria argumenta que la vacancia aprobada ese mismo día careció de procedimiento regular. Asegura que el Pleno actuó sin presentar una moción previa y sin otorgar al entonces presidente la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, lo que, a su juicio, vicia por completo la decisión. Esta narrativa busca instalar la idea de que el camino judicial que siguió al intento de disolución fue consecuencia de un quiebre institucional promovido desde el Congreso.
Desde la perspectiva de Palacios, Castillo se convirtió en víctima de un aparato político que actuó apresuradamente y sin cumplir las reglas procesales. El proyecto insiste en que su sentencia por conspiración para la rebelión es producto de un proceso irregular y que, por tanto, la reparación debe ser absoluta: borrar antecedentes, extinguir la pena y cerrar el caso definitivamente. El documento no plantea, sin embargo, mecanismos complementarios ni medidas que respondan al contexto político y jurídico que rodeó el episodio.
La propuesta abre un intenso debate en un Congreso ya polarizado. De avanzar, significaría un quiebre en la línea legal seguida hasta ahora por el sistema judicial frente al intento de golpe de diciembre de 2022. Por lo pronto, el proyecto vuelve a colocar a Pedro Castillo en el centro de la escena política y obliga a ambas bancadas —las que lo respaldan y las que lo rechazan tajantemente— a posicionarse nuevamente frente a uno de los episodios más tensos de la historia reciente.
