Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
Mientras en Lima algunos imaginan que la minería artesanal nació ayer, en las zonas productoras, la realidad es otra. El pequeño productor minero ha existido desde siempre, mucho antes de que aparecieran siglas, decretos y ventanillas que hoy pretenden regularlo. Pese a ello, el Estado ha creado un proceso de formalización que, en lugar de acompañar, ha terminado atrapando a miles de trabajadores mineros en trámites interminables, requisitos desconectados de su realidad y plazos que nadie pudo cumplir, lo que necesita el pequeño minero del Perú, es ampliar el proceso de formalización, no abrir nuevamente la inscripción al REINFO.
El problema no está en el pequeño minero. El problema está en que la burocracia diseñó un esquema sin conocer el territorio ni escuchar a quienes realmente trabajan. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) nació como un mecanismo para avanzar hacia la formalidad, pero terminó convertido en un embudo administrativo. Miles ingresaron confiados en que era el primer paso hacia la legalidad, pero el sistema no les dio capacidad técnica, asistencia ambiental ni claridad sobre los plazos reales para cumplir. De esa desconexión nació la parálisis.
Hoy, ciertos discursos políticos intentan instalar la idea de que se busca “ampliar el registro” para que ingresen nuevos actores. Esa lectura distorsiona la realidad. El país no necesita inflar el padrón. Lo que se reclama en las zonas mineras es algo distinto: la ampliación del proceso, para que quienes ya están dentro puedan completar los requisitos que la propia administración no supo aplicar de manera realista.
La formalización exige IGAFOM, certificaciones, contratos, supervisión y articulación con el mercado. Sin acompañamiento técnico serio, es evidente que el proceso no avanzará. El Estado diseñó una ruta, pero no puso los puentes. Por eso, extender el plazo del proceso es una necesidad, no un capricho: permite que los mineros continúen avanzando y que la autoridad cumpla su obligación de ordenar la actividad.
Lo que está en juego no es un favor a la minería, sino la gobernanza territorial. Mientras no se complete la formalización de quienes ya están en el REINFO, persistirá un área gris donde seguirán operando intermediarios ilegales, financistas y actores que no tienen interés alguno en cumplir la ley. Ampliar el proceso no solo protege a quienes sí quieren hacer las cosas correctamente; también fortalece la fiscalización, reduce el riesgo ambiental y mejora la trazabilidad del oro, cobre etc.
El registro ya cumplió su función. Ahora corresponde cerrar filas con los inscritos y concluir de una vez el proceso que el propio Estado dejó a medias.
La ampliación del proceso debe ir acompañada de medidas concretas:
• Asistencia técnica permanente para que los mineros culminen su IGAFOM
• Oficinas descentralizadas con personal que conozca realmente la MAPE
• Regulaciones adaptadas a la escala productiva y geológica local
• Transparencia en los plazos y en las evaluaciones
• Fiscalización inteligente que diferencie al formalizable del ilegal
• Censo del pequeño productor minero
La formalización es una herramienta clave para luchar contra la ilegalidad, pero solo funciona cuando el Estado se comporta como aliado y no como persecutor u obstáculo. Reconocer la existencia histórica del pequeño productor minero no es un gesto político: es el punto de partida para cualquier política pública sensata.
La discusión actual no debe desviarse. Lo que urge es dar tiempo real y condiciones reales a quienes ya iniciaron su proceso. Ampliar la formalización es ordenar el territorio, reducir la ilegalidad y fortalecer la economía de miles de familias que llevan décadas trabajando sin que el Estado las entienda. Distraer con discursos de que se estaría volviendo a abrir el registro solo alimenta la confusión y posterga, una vez más, la solución.
