Delia Espinoza volvió al centro del debate institucional al denunciar que el Congreso busca inhabilitarla mediante un proceso cargado de motivaciones políticas. La fiscal suspendida afirma que enfrenta un “plan cerco” impulsado por sectores que buscan castigarla por las investigaciones que desarrolló al frente del Ministerio Público. La Comisión Permanente ya aprobó el informe que propone sancionarla, y el desenlace se resolverá en el Pleno este 3 de diciembre, en medio de acusaciones de arbitrariedad y trato desigual.
Desde su suspensión, Espinoza afirma que ha enfrentado un clima adverso marcado por denuncias y procedimientos administrativos que, según ella, responden a intereses políticos antes que a criterios de justicia. Su señalamiento más fuerte apunta a la existencia de una estrategia coordinada entre el Congreso, la Junta Nacional de Justicia e incluso actores externos que, asegura, pretenden consolidar su salida del Ministerio Público. Lo que más le inquieta, dice, es la facilidad con la que sus cuestionamientos han derivado en procesos que avanzan sin considerar su derecho al debido proceso.
La fiscal suspendida también puso nombre propio a quienes considera parte de esta presión. Apuntó al abogado aprista Luis Caya como uno de los principales promotores de las denuncias en su contra y vinculó su accionar al entorno legal cercano a Patricia Benavides. Para Espinoza, estas acciones no solo buscan apartarla de su cargo, sino cobrar revancha por la batería de investigaciones que impulsó durante su gestión. Su lectura del panorama es tajante: detrás de cada demanda existe un ánimo de castigo político, exacerbado por sectores que, afirma, jamás la perdonaron por las indagaciones que emprendió.
El punto más polémico de su defensa gira en torno a la resolución 2246, el mismo hecho que involucró a los fiscales Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Todos ellos fueron absueltos por la Comisión Permanente, mientras que solo Espinoza recibió la recomendación de inhabilitación. Para ella y su defensa, esta disparidad evidencia una falta de uniformidad que vulnera la igualdad ante la ley. Su abogado, Rodolfo Pérez, calificó el proceso como “kafkiano” y cuestionó el súbito cambio de voto de algunos congresistas, que permitió que tres fiscales quedaran exentos de responsabilidad.
Mientras tanto, el Congreso sostiene que la sanción se justifica por una supuesta invasión de competencias de la Policía Nacional con la norma 32130, atribuida a la resolución cuestionada. Sin embargo, la defensa recuerda que la emisión de reglamentos corresponde exclusivamente al fiscal de la Nación en funciones —entonces Juan Carlos Villena—, quien firmó y aprobó el documento. También remarcan que la acción de inconstitucionalidad presentada era una facultad constitucional del Ministerio Público y no un motivo para abrir un juicio político. Con la votación en el Pleno en la mira, el caso coloca una vez más al país ante la frágil línea que separa el control político del hostigamiento institucional.
