La Sala Penal Especial de la Corte Suprema impuso a Pedro Castillo una condena de once años, cinco meses y quince días al concluir que encabezó una conspiración para quebrar el orden constitucional durante su fallido golpe. Más allá de la gravedad del proceso, el gesto del expresidente —una sonrisa y un pulgar en alto ante las cámaras— terminó por convertir la audiencia en un episodio cargado de simbolismos y tensiones políticas que reavivaron el debate sobre su rol y el impacto del caso en la estabilidad democrática.
La escena en la DIROES avanzó durante horas con un silencio denso, interrumpido solo por la lectura del fallo. Castillo, sentado en su silla giratoria, mantuvo un vaivén leve mientras escuchaba la decisión del tribunal. La actitud serena que intentaba proyectar chocaba con la severidad del proceso. No dijo palabra, no hizo amagues de protesta; apenas sostuvo una expresión controlada, como si midiera cada gesto para no dejar ver un desliz. Solo ese pulgar en alto —ya convertido en imagen viral— rompió la neutralidad que intentaba preservar.
A medida que la jueza Norma Carbajal adelantaba los fundamentos de la sentencia, el impacto se extendió hacia los otros implicados en el caso. Betssy Chávez, declarada coautora, cargó con una condena adicional mientras continúa asilada en la Embajada de México. Willy Huerta recibió una pena similar, aunque podrá permanecer en libertad hasta que la resolución quede firme. Aníbal Torres, por su edad, obtuvo una sanción menor, pero no quedó libre de responsabilidad. Todos ellos arrastran ahora restricciones para ejercer cargos públicos y deberán afrontar una reparación civil de doce millones de soles.
El tribunal remarcó que el delito no configuraba rebelión, pues no existió levantamiento armado, pero sí una conspiración meticulosamente hilada para ejecutar el mensaje presidencial que buscaba cerrar el Congreso y reordenar el poder político desde Palacio. Los jueces reconstruyeron los roles: Torres redactó el mensaje, Huerta coordinó la disposición policial y Chávez gestionó la transmisión televisiva y la eventual salida hacia la Embajada de México. Ese engranaje, según la sala, evidenció un acuerdo deliberado para quebrar el orden constitucional.
La resolución también despejó algunas acusaciones accesorias. Castillo fue absuelto de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, delitos que el tribunal consideró subsumidos en la conducta principal. La sentencia, presentada como un hito para la defensa del Estado de derecho, reabre una discusión sobre los límites del poder presidencial y la responsabilidad penal de quienes buscan torcer la institucionalidad. Mientras se espera la lectura íntegra para el 4 de diciembre, la imagen del expresidente con el pulgar en alto continúa alimentando interpretaciones sobre su narrativa política y su estrategia frente a lo que viene.
