En medio de versiones cruzadas, la Contraloría General salió al frente para aclarar que no le corresponde autorizar la reubicación de más de 4 mil equipos biomédicos del hospital Maritza Campos, cuya obra permanece paralizada desde 2023. El organismo recordó que las decisiones de gestión recaen únicamente en el Gobierno Regional de Arequipa y que su intervención culminó con el informe de Control Preventivo que delineó los compromisos asumidos por las autoridades.
La Gerencia Regional de Control explicó que la potestad para mover o redistribuir los bienes del hospital le compete exclusivamente al GORE Arequipa. Según el gerente Samuel Rivera Vásquez, el gobierno regional ya había definido su ruta en el informe preventivo emitido el 19 de septiembre, donde se establecieron compromisos para destrabar la obra.
Dentro de esa decisión, el siguiente paso es la patrimonialización de los más de 4 mil equipos y mobiliario asistencial, proceso que solo se concretará cuando el Consejo Regional apruebe la ordenanza correspondiente. La Contraloría no participa en esa deliberación ni tiene injerencia en su trámite.
Rivera también enfatizó que el órgano de control no ha recibido solicitud ni documento alguno del gobierno regional sobre una eventual reubicación de equipos. Remarcó que, una vez emitido el informe, la implementación de los acuerdos recae totalmente en las instancias del GORE Arequipa.
El informe, valorizado en más de S/ 53 millones en equipos biomédicos, alertó que su permanencia dentro de la infraestructura inconclusa impedía avanzar en la reactivación del hospital paralizado desde junio de 2023. Por ello se recomendó evaluar su estado y distribuirlos hacia servicios donde puedan atender la creciente demanda de pacientes.
