El proceso contra Martín Vizcarra entró en su tramo decisivo, y la defensa del expresidente radicalizó su postura a solo días de la lectura de sentencia por los presuntos sobornos vinculados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. El abogado Erwin Siccha asegura que el caso se sostiene sobre versiones falsas y señala a la Fiscalía por un presunto blindaje selectivo que, afirma, favoreció a involucrados mientras endureció la imputación contra su patrocinado.
Desde la defensa, Siccha sostiene que muchos de quienes anticipan una condena ni siquiera han revisado el expediente y que la imputación del Ministerio Público nació débil. Afirma que los colaboradores eficaces construyeron un relato sin prueba directa y que, en el caso Lomas de Ilo, eso queda al descubierto. Según su versión, Elard Tejeda aseguró haberse reunido con Vizcarra en Lima en noviembre de 2013, pero —dice— hay reportes, testimonios y documentos que sitúan al exmandatario en Moquegua durante esas fechas, lo que, a su juicio, desarma por completo la versión fiscal.
En la carpeta del Hospital de Moquegua, la defensa apunta a un punto que considera determinante: la capacidad real de Vizcarra para condicionar contratos. Siccha recuerda que desde 2011 esas facultades estaban delegadas, primero en la Gerencia General y luego en la Dirección de Administración, entidad que finalmente suscribió el contrato cuestionado. Para él, atribuirle un condicionamiento sobre una competencia ya delegada carece de sentido jurídico y evidencia una construcción forzada de la acusación.
El abogado va más allá y respalda la denuncia de Vizcarra sobre un presunto blindaje a miembros del llamado Club de la Construcción. Como ejemplo, menciona a Hernández Calderón, procesado por hechos similares, pero beneficiado —dice— con una recalificación a colusión simple y la consecuente prescripción, mientras que a Vizcarra se le imputó cohecho pasivo propio. Añade también que la solicitud fiscal de ejecución inmediata no tendría sustento, recordando que su defendido ha cumplido todas las medidas procesales desde 2020 sin riesgo de fuga.
Si el fallo resultara adverso, la defensa apunta a apelar tanto por irregularidades como por valoración de prueba. Siccha sostiene que hubo doble procesamiento por los mismos hechos, exclusión indebida de colaboradores eficaces y ocultamiento de información. Incluso califica la prueba como “diabólica”, con versiones contradictorias y lapsos imprecisos. En caso de una absolución, adelanta que tomarán acciones legales contra los colaboradores eficaces, asegurando que buscarán responsabilidades más allá del resultado inmediato del juicio oral.
