La suerte judicial de Jair Bolsonaro quedó sellada: la Corte Suprema declaró definitiva la sentencia que lo condena a más de 27 años de prisión por liderar un plan destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Con el fallo firmado por Alexandre de Moraes, el tribunal cerró cualquier opción de recurso y determinó que la pena se cumplirá en instalaciones de la Policía Federal en Brasilia, un golpe que se suma a su reciente detención preventiva y a nuevas sospechas que comprometen aún más su futuro.
La resolución de De Moraes marcó formalmente el “tránsito en juzgado” del caso, una figura que, en la práctica, congela cualquier aspiración de revisión. El fallo también se extiende a otros ex funcionarios implicados, entre ellos Alexandre Ramagem y Anderson Torres, quienes formaron parte del núcleo que —según la investigación— delineó escenarios para alterar el resultado electoral. Las penas fijadas, de 16 y 24 años respectivamente, quedan ahora a la espera de que la Corte determine cómo y cuándo deberán ejecutarse.
La condena contra Bolsonaro nació de una investigación que describió una estructura organizada para evitar el traspaso de poder y que incluso evaluó acciones violentas. La Primera Sala del tribunal ya había sentenciado en septiembre, concluyendo que el ex presidente dirigió maniobras para desestabilizar el resultado y frenar la toma de posesión. Aunque sus defensas insistieron en que existían recursos por presentar, el propio tribunal aclaró que tales instrumentos no se aplican cuando no hay votos favorables a la absolución, como ocurrió en este juicio.
El escenario se volvió aún más complejo desde su detención preventiva el sábado. Si bien esta medida no está ligada directamente a la causa golpista, recayó sobre él por la sospecha de manipular el dispositivo de monitoreo electrónico que debía usar por otra investigación. La Policía reportó señales de daño con una herramienta térmica, lo que, según De Moraes, sumó “indicios serios” de una posible tentativa de fuga. A esto se añadió la convocatoria pública de una vigilia religiosa frente a su residencia, impulsada por su hijo Flávio, lo que el magistrado interpretó como un riesgo de entorpecimiento de órdenes judiciales.
Durante una audiencia, Bolsonaro negó haber intentado escapar y atribuyó sus actos a “confusión mental” producto de medicación para tratar episodios de hipo persistente. Mientras tanto, sus abogados solicitaron prisión domiciliaria por razones de salud, una petición que la Corte aún no analiza. Lo cierto es que la Primera Sala mantuvo su prisión preventiva y sostuvo que el ex mandatario actuó de manera consciente al interferir con el monitor electrónico, un elemento que terminó pesando en un momento en que su condena ya es inamovible.
