La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al frente de las declaraciones del ministro José Jerí, quien no descartó una intervención policial en la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez, hoy asilada en esa sede. Desde “Las Mañaneras”, Sheinbaum advirtió que cualquier ingreso sin autorización rompería normas esenciales del derecho internacional y recordó que, aunque existan diferencias políticas, la soberanía diplomática es intocable.
La respuesta de Sheinbaum apuntó directamente a la advertencia que Jerí lanzó en una entrevista con El Comercio, donde afirmó que, ante un mandato judicial, estaba dispuesto a contemplar “todo tipo de posibilidades”, incluida una incursión en la embajada. Esas palabras encendieron las alarmas en México, que considera que el asilo otorgado a Chávez está amparado por tratados internacionales. Sheinbaum evocó incluso el antecedente de Ecuador para recalcar que una acción de esa naturaleza colocaría al Perú en el terreno de la “violación a la soberanía”.
Mientras la controversia crecía, la situación jurídica de Betssy Chávez seguía tensándose. Desde noviembre permanece en la sede diplomática mexicana y enfrenta una nueva orden de prisión preventiva por cinco meses. De acuerdo con especialistas consultados, la normativa internacional es categórica: ninguna autoridad del Estado anfitrión puede ingresar a una embajada sin autorización del jefe de misión. Esa línea roja, aseguran, no admite interpretaciones. Por eso, voces como la del internacionalista Francisco Belaunde advirtieron que una intervención representaría una falta “gravísima” a la Convención de Viena.
Belaunde no solo subrayó la ilegalidad de un eventual operativo policial, sino que alertó sobre el costo reputacional para la diplomacia peruana. Recordó que un ingreso forzado permitiría a México denunciar al Perú por vulneración de su sede y pondría en entredicho décadas de prestigio en materia de respeto al derecho internacional. Para el académico, arriesgar esa trayectoria por la captura de una sola persona sería un despropósito que golpearía a Torre Tagle en un momento especialmente sensible.
En medio del fuego cruzado, el Gobierno mexicano difundió un comunicado asegurando que la Cancillería peruana había garantizado el respeto a las inmunidades diplomáticas. Sin embargo, la propia administración peruana exhibió señales contradictorias: mientras Jerí dejaba abierta la posibilidad de una irrupción, el primer ministro Ernesto Álvarez descartaba de plano cualquier acción que contraviniera normas internacionales. Álvarez remarcó que solo Cancillería puede definir la entrega de un salvoconducto, y que este no avanzará mientras México ignore las comunicaciones oficiales. Así, la crisis se estira entre advertencias, silencios y posturas dispares dentro del propio Ejecutivo.
