La expresidenta Dina Boluarte llevó su disputa con el Congreso al Poder Judicial: interpuso una demanda de amparo que busca tumbar la resolución legislativa que la declaró incapaz moralmente y la retiró del cargo el 10 de octubre de 2025. Su defensa sostiene que el Parlamento activó un procedimiento relámpago que dejó sin contenido su derecho a defenderse. La exmandataria afirma que la citación a menos de una hora de la votación no fue un descuido, sino un diseño que la empujó a una “indefensión material”.
La estrategia legal presentada en la Sala Constitucional pone el foco en la cronología del 9 de octubre, una noche en la que el Congreso decidió admitir cuatro mociones de vacancia y acumularlas al instante. Según el escrito, esa decisión desencadenó un proceso imposible de afrontar para cualquier mandatario. La citación oficial llegó a las 22:50, convocando a Boluarte a presentarse en el Hemiciclo apenas cuarenta minutos después. Para la defensa, ese gesto no fue un simple exceso de celeridad, sino la señal inequívoca de que el proceso ya estaba decidido.
El amparo recalca que ese lapso hizo inviable revisar las cuatro mociones, coordinar con abogados, preparar argumentos y trasladarse al Legislativo en condiciones mínimas de preparación. La defensa describe la notificación como una formalidad destinada a simular cumplimiento del reglamento, más que un acto que garantizara un verdadero ejercicio del derecho a la defensa. De ahí que sostenga que el Congreso vació de contenido una garantía esencial del debido proceso y, con ello, deformó la vacancia en un trámite automático.
La demanda también recurre a estándares internacionales para reforzar su posición. Cita el artículo 8.2 de la Convención Americana, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana que sancionó previamente al Estado por notificaciones deficientes. Y la comparación con los casos Kuczynski y Vizcarra busca subrayar un trato desigual: mientras esos expresidentes tuvieron días para preparar sus descargos, a Boluarte se le exigió responder en menos de una hora. Para su defensa, esa diferencia evidencia el peso de mayorías coyunturales y un procedimiento discriminatorio.
El recurso apunta además a la falta de debate probatorio previo a la declaración de “incapacidad moral”, recordando que el Tribunal Constitucional ya estableció que esta medida requiere discusión y sustento. Por ello, pide que se anule la resolución congresal y se retrotraiga el proceso al momento de la citación. Y, si el fallo llega cuando termine el periodo presidencial, solicita al menos limpiar los antecedentes de la expresidenta y fijar un precedente que obligue al Parlamento a respetar el debido proceso en futuras vacancias. La Sala Constitucional debe ahora decidir si admite a trámite un caso que podría reordenar los límites entre control político y garantías constitucionales.
