La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP encendió una alerta sobre el aumento del lavado de activos asociado a delitos ambientales como la minería, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre. Según la UIF, más de 5 700 reportes en diez años revelan operaciones sospechosas que suman 22 800 millones de dólares, muchas de ellas vinculadas al uso excesivo de efectivo para adquirir bienes mediante testaferros.
Los reportes de la UIF abarcan el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y 2025, donde la minería ilegal se consolida como una de las actividades con mayor movimiento financiero sospechoso. Los funcionarios recalcan que este dinero, difícil de rastrear por su flujo en efectivo, termina infiltrándose en la economía formal a través de compras de inmuebles y vehículos que buscan ocultar la verdadera procedencia de los fondos. Por ello, la SBS exhorta a las entidades a fortalecer sus controles internos y reportar operaciones que puedan encubrir delitos ambientales.
Los datos también revelan que la minería ilegal ocupa el tercer lugar en generación de alertas y el segundo en montos económicos reportados. A esta actividad se suman otros delitos ambientales que siguen patrones similares de ocultamiento. Entre 2015 y septiembre de 2025, la UIF recibió 63 reportes sobre tala ilegal que alcanzaron los 136 millones de dólares, además de 31 reportes por tráfico de flora y fauna silvestre que bordean los 5 millones. Aunque representan cifras menores, mantienen un impacto relevante por su capacidad de camuflarse dentro del comercio formal.
El analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF, Diego Ulloa, explicó que la entidad no persigue delitos directamente, pero sí desarrolla estrategias para detectarlos. Para ello, cruza información entre el valor declarado de exportaciones, las transferencias del exterior y el perfil económico de las empresas involucradas. Este trabajo permite identificar inconsistencias que pueden apuntar a un origen ilícito, aunque la detección siempre depende de la calidad de los reportes presentados por instituciones financieras y operadores del comercio exterior.
Pese a estos esfuerzos, la UIF enfrenta un obstáculo estructural: muchos productos asociados a estos delitos salen del país con documentación en regla. Ulloa señala que, en puertos y aeropuertos, los cargamentos cuentan con papeles aparentemente válidos, lo que dificulta rastrear su origen real. El funcionario advierte que, ante esta modalidad, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de verificación y asegurar que los actores del sistema financiero mantengan una vigilancia activa sobre movimientos inusuales que puedan encubrir actividades criminales.
