La Contraloría General de la República del Perú (CGR), a través del Informe de Orientación de Oficio N° 14401-2025-CG/PREV-SOO, advirtió un riesgo latente de perder 17 inversiones públicas. La observación principal se centra en la inminente pérdida de vigencia de proyectos e IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Rehabilitación y Reposición) por un valor total de S/ 113 337 027,77. Esto debido a que no se ha registrado el expediente técnico o documento equivalente en el Banco de Inversiones (BI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La situación de riesgo de caducidad y posible desactivación automática afecta a 11 Proyectos de Inversión (PI) y 6 IOARR. Los proyectos de inversión fueron declarados viables en el año 2022 y tienen una vigencia de tres años. Mientras que las IOARR fueron aprobadas en 2024 con un plazo de vigencia de un año.
Al 30 de septiembre de 2025, el informe señala que ya había transcurrido, en promedio, el 94,79% de su período de vigencia. De no registrarse la documentación requerida a tiempo, estas inversiones perderán su validez en lo que resta del 2025.
Proyectos en riesgo
Según el detalle del informe, tanto los 11 Proyectos de Inversión como las 6 IOARR están próximos a vencer en lo que queda del año 2025, pues no cuentan con expediente técnico o documento equivalente registrado. La falta de este registro en el Banco de Inversiones impide el inicio de la fase de ejecución, un requisito indispensable tras obtener la viabilidad o aprobación.
La inacción de la entidad genera una serie de riesgos graves, entre los que se destacan la caducidad de la inversión, su posible desactivación en el Banco de Inversiones (BI), y la necesidad de incurrir en sobrecostos para su actualización. La desactivación en el BI es una condición que inhabilita permanentemente las opciones de continuidad en el ciclo de inversión, obligando a la entidad a formular nuevamente la intervención si desea atender la necesidad.
Estas inversiones abarcan sectores estratégicos como transportes, salud, educación, vivienda, desarrollo urbano, saneamiento y agricultura. La desactivación o el retraso en la ejecución demoraría la provisión de servicios básicos, ampliando las brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos. Esto es especialmente crítico en una región como Arequipa, donde la pobreza monetaria afecta al 15,80% de su población.
Desfalco en proyectos caducos
Un hallazgo adicional que encontró la unidad contralora señala que, 19 inversiones (la suma de 11 PI y 6 IOARR no registradas más 2 proyectos adicionales) no tienen el expediente técnico o documento equivalente registrado, pero sí presentan ejecución presupuestal (devengado) por un total de S/ 836 270,58. Este hecho refleja una inconsistencia en la gestión de inversiones que debilita la trazabilidad del gasto público.
La Contraloría ha recordado al Gobierno Regional Arequipa que la desactivación automática es un procedimiento comunicado por el MEF desde julio de 2023, en línea con los criterios de temporalidad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). La desactivación se aplica a proyectos que perdieron vigencia o a IOARR que no registran el expediente técnico o su cierre.
