Entre tensiones políticas y protestas en los alrededores del Congreso, la Comisión de Energía y Minas aprobó la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa plantea reincorporar a miles de operadores excluidos y establecer excepciones para postulantes con antecedentes o sanciones, mientras gremios empresariales alertan un retroceso frente a la minería ilegal.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027. La votación cerró con 17 votos a favor, 3 en contra y una abstención, en una sesión marcada por un debate polarizado y la presencia de mineros artesanales que exigían la prórroga. El respaldo provino de legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú-Bloque Magisterial y Podemos, quienes argumentaron que miles de pequeños operadores quedarían en situación irregular sin esta extensión.
La propuesta no solo busca prorrogar la vigencia del registro, sino también reincorporar a más de 50 mil mineros retirados en junio pasado por superar un año de inactividad. Durante el debate, la congresista Patricia Juárez planteó excepciones para impedir el regreso de personas con antecedentes penales por delitos vinculados a la minería ilegal o sancionadas por explotar recursos en zonas prohibidas. Sostuvo que la reincorporación debe beneficiar únicamente a quienes puedan culminar el proceso de formalización sin riesgos jurídicos ni ambientales.
Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte respuesta de gremios empresariales y organizaciones privadas. A través de un comunicado conjunto, Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, Confiep, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía exhortaron al Congreso a no extender el registro. Señalaron que una nueva ampliación constituye “un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal” y podría exponer al país a sanciones internacionales, especialmente en el marco de la Comunidad Andina (CAN), que ya exigió la corrección del marco normativo.
Pese a ello, organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) presionaron para su aprobación, alertando que miles de mineros quedarían nuevamente expuestos a la informalidad sin una ampliación adicional. Según cifras oficiales, el Reinfo opera desde hace casi una década, pero solo 2% de los 87 mil inscritos culminó la formalización, mientras el 78% fue suspendido por irregularidades. A ello se suma la crítica de líderes indígenas de regiones como Loreto, quienes han señalado ante la CAN que el registro “sirve de escudo” para operaciones que afectan ríos y comunidades mediante el uso de mercurio. Con la aprobación en comisión, la decisión final queda ahora en manos del Pleno del Congreso.
