El Consejo Fiscal alertó que el Congreso continúa aprobando leyes que vulneran el equilibrio fiscal al incrementar el gasto y reducir la recaudación sin sustento técnico. Entre bonificaciones, exoneraciones y cambios tributarios, el riesgo se proyecta hacia un escenario crítico: una deuda pública que podría alcanzar el 70% del PBI en apenas una década si el ritmo legislativo se mantiene.
La advertencia del Consejo Fiscal se sustenta en cifras que revelan un acelerado deterioro del marco presupuestal. Entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto directo en las finanzas públicas y mantiene 352 propuestas en debate. Gran parte de estas normas surgieron sin estudios de sostenibilidad ni análisis técnico que midan su efecto en el gasto permanente del Estado. Según el organismo, detrás de varias iniciativas prevalecen intereses políticos y demandas inmediatas que ignoran las consecuencias sobre la deuda futura.
Las leyes de mayor costo son las centradas en bonificaciones y beneficios laborales. La Ley 31495, aprobada en 2022, reconoce pagos por preparación de clases y desempeño para docentes, e incluye la creación de un fondo magisterial cuyo costo bordea los S/ 40,561 millones. A ello se suma la Ley 32424, emitida en 2025, que homologa el incentivo CAFAE para trabajadores administrativos del régimen 276 en gobiernos regionales, con un gasto adicional de S/ 2,621 millones. Ambas medidas, impulsadas por bancadas como Perú Libre y Acción Popular, consolidan un incremento sostenido del gasto corriente sin respaldo presupuestal.
En el frente tributario, la situación no es menos compleja. La Ley 32387 redujo el IGV del 18% al 14% y elevó el Impuesto de Promoción Municipal, con el objetivo de fortalecer los fondos de los gobiernos locales. Sin embargo, según el Consejo Fiscal, esta redistribución genera un vacío en la recaudación nacional. A ello se suma la Ley 32335, que reemplaza sanciones tributarias por capacitaciones para microempresas en su primera infracción, una medida que provocará pérdidas superiores a los S/ 5,000 millones y que, de acuerdo con el organismo, debilita la cultura tributaria y la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales.
Incluso las normas orientadas al desarrollo productivo generan presión en el corto plazo. La Ley 31729, que otorga un bono de reconocimiento a exafiliados de la ONP, podría costar S/ 6,380 millones. La Ley 32201, sobre repatriación de capitales, implicará S/ 3,600 millones menos en ingresos, mientras que las leyes que crean Zonas Especiales de Desarrollo Turístico o reducen el Impuesto a la Renta para agroexportadoras suman más de S/ 2,000 millones adicionales en exoneraciones. Para el Consejo Fiscal, la ausencia de una evaluación integral convierte estas medidas en riesgos acumulativos que empujan al país hacia una deuda pública estimada en 70% del PBI para 2036, un nivel que amenaza la estabilidad macroeconómica.
