Por Augusto Santillana. Analista político
Dos temas que es necesario destacar por la importancia que conlleva, a nivel internacional, por la afectación a un Estado de Derecho, del cual somos parte como ciudadanos y ciudadanas que conformamos esta Nación. Ambos derivados de los yerros premeditados a los que nos viene arrastrando las malas decisiones de los que actualmente nos gobiernan.
El primero, la desobediencia o desacato a un mandato judicial. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se supone es el ente garantista y a la vez, sancionador de la conducta de los magistrados del país en su actividad jurisdiccional, se ha revelado abiertamente en contra del mandato de un juez, que dispuso la reincorporación de la actual Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al frente del Ministerio Público.
El artículo 1 de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, establece que “La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente y se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia.. (…)”. Asimismo, uno de los principios que rige las acciones de la JNJ, es el principio de legalidad, que señala: “Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho”. Está claro entonces que la JNJ conforma la estructura del Estado y tiene que conducir su actuación de acuerdo con las reglas que impone un Estado de Derecho. Esto es, respetar lo que establece la Constitución, las leyes y los reglamentos.
El artículo 139 de la Constitución, establece la unidad, exclusividad e independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. “Ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. De igual manera, sobre el carácter vinculante de las decisiones judiciales como un principio de la administración de justicia, remite el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que literalmente establece: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”.
Los miembros de la JNJ, están atentando contra el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país. El problema es que se anteponen las personas y la coyuntura política a las instituciones con jerarquía constitucional. Que son justamente las que le dan soporte a un sistema democrático que no diferencia de una dictadura o una anarquía. Y lo que no se toma en cuenta en estas acciones contrarias a la Ley, es el mensaje que difundimos a nivel internacional. La de un Estado que no ofrece seguridad jurídica más elemental, autoridades que responden a consignas de grupo y simplemente se “surran” en las normas que regulan la convivencia democrática.
Y esto, obviamente, a mediano y largo plazo, nos pasa factura. Las inversiones se retraen, se genera una sensación de inestabilidad social y económica que al final, afecta el bolsillo de los sectores más vulnerables. Pues, nos aísla de la comunidad internacional y de una economía competitiva y globalizada que exigen compromisos en el respeto de un Estado de Derecho y en la protección de los derechos humanos. Así como altos estándares en políticas públicas en áreas relevantes como gobierno corporativo, inversión, competencia, mercados financieros, servicios públicos, educación, salud, ambiente y administración pública.
El otro tema tiene que ver con el desacato como Gobierno, del Tratado de Asilo Diplomático de 1954, que la misma Constitución reconoce. Aquí, el personaje incómodo para el gobierno es Bettsy Chávez, qué trascendencia tendrá esta ciudadana, pues, al no otorgarle el bendito salvoconducto que corresponde por el asilo concedido por México, como país asilante; exponemos nuestra imagen como país, al descrédito a nivel internacional.
Un artículo de opinión en el “The New York Times”, escrito por el investigador Will Greeman, titulado “Perú muestra cómo las democracias mueren incluso sin dictador”, puso en evidencia a nivel internacional, la influencia de los grupos políticos sobre el Gobierno de turno. Y no es necesario un dictador para perderla democracia y por ende, debilitar y afectar gravemente un Estado de Derecho. A tener en cuenta.
