La discusión sobre extender la vigencia del Reinfo vuelve al Congreso con una propuesta que busca mantenerlo activo hasta el 2027 e incorporar a miles de mineros que no cumplieron los requisitos legales. El debate, sin embargo, se topa con un argumento ineludible: en casi una década, el sistema fracasó en formalizar y terminó sirviendo como escudo para actividades ilegales que avanzan sobre áreas protegidas, ríos y zonas arqueológicas.
Este 17 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas revisará el dictamen impulsado por el congresista Roberto Sánchez, que propone una nueva prórroga del Reinfo y reintegrar a 50 mil mineros excluidos por incumplir la normativa. La iniciativa cuenta con el respaldo de varias bancadas cercanas a los gremios que buscan mantener abierto un proceso que, desde su creación, elude su propio cierre. Con esta votación, el registro cumpliría cinco ampliaciones pese a su pobre rendimiento.
Las cifras del Ministerio de Energía y Minas explican buena parte del rechazo. De 87 111 personas inscritas, solo 2 181 lograron formalizarse; en contraste, más de 65 mil fueron suspendidas. Esta brecha evidencia que el Reinfo no logró ordenar la actividad minera artesanal ni conducirla hacia la legalidad. Por el contrario, se volvió un mecanismo de acceso simple, incluso negociable en redes sociales, que permite disfrazar como “informales” a operadores que extraen oro y otros recursos en zonas donde está prohibido.
Los reportes de la FEMA y del SERNANP confirman ese uso indebido. Con un registro en mano, los mineros intervienen ríos, bosques amazónicos y áreas naturales protegidas, y avanzan sobre espacios arqueológicos como las Líneas de Nasca o territorios clave para la conservación de especies como la vicuña en Pampa Galeras. A ello se suma el impacto en reservas como El Sira, el Manú, Tambopata, Amarakaeri y Huascarán, donde la maquinaria y los insumos químicos degradan ecosistemas de alto valor.
El problema va más allá del daño ambiental. La actividad ilegal sostenida por el Reinfo alimenta redes de extorsión y operaciones de lavado de activos. La UIF registró más de 5 700 operaciones sospechosas vinculadas a este sector por un valor de 22 800 millones de dólares en menos de una década. Frente a este panorama, la vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay, sostiene que el registro debe cerrarse. Mantenerlo abierto —advierte— fortalecería a organizaciones criminales y permitiría que intereses políticos se cobijen en un sistema que ha demostrado su incapacidad para formalizar.
