La situación legal de Keiko Fujimori ingresó a una nueva fase. Esta vez una investigación que dirige la fiscal Manuela Villar Ramírez, analiza un expediente de 186 páginas que apunta a presuntos aportes falsos, dinero no declarado y el uso indebido de recursos públicos por parte de Fuerza Popular. Según el documento, la organización habría permitido el ingreso de fondos de origen desconocido mediante sobres, aportantes ficticios y mecanismos diseñados. El fin sería eludir el control de la ONPE, configurando un esquema de financiamiento ilícito.
El expediente identifica a seis implicados: Keiko Fujimori, Miguel Ángel Torres, Luis Galarreta, Karina Beteta, Milagros Takayama y Lindman Miranda Zamalloa. Todos con posiciones de dirección en Fuerza Popular y, según la fiscalía, con acceso directo a la administración de los recursos bajo sospecha. La hipótesis del Ministerio Público, considerada “muy sólida” por fuentes consultadas, apunta a que la estructura partidaria permitió el ingreso, manejo y salida de dinero que no pasó por los canales formales ni fue reportado a los entes electorales.
Entre los elementos más delicados está el uso de S/ 1.6 millones de la ONPE para la campaña del 2021, una práctica prohibida por ley. El documento sostiene que los fondos públicos, destinados a fortalecer organizaciones políticas, habrían sido redirigidos al financiamiento electoral de Fujimori. A ello se suma una presunta recaudación ilícita de S/ 1 258 708, recolectada entre el 9 y el 30 de julio. Monto destinado —según la fiscal— a acciones para desconocer la victoria de Pedro Castillo y sostener recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Las declaraciones de supuestos aportantes profundizan las sospechas. Varios negaron haber financiado la campaña, pese a aparecer en los reportes oficiales. Los casos incluyen montos que contradicen la capacidad económica de los involucrados. Como un chofer con un aporte de S/ 18 mil 350 o un trabajador que aparece con S/ 9 mil con un salario de S/ 2 mil. En paralelo, el expediente también recoge testimonios de quienes sí reconocen haber entregado sobres con dinero o aportes en efectivo. Pero luego estos fueron registrados como “en especies”.
La fiscal Villar detalla que las operaciones no se reflejaron en libros contables ni en cuentas bancarias en tiempo real. Lo que evidencia —según señala— una estrategia deliberada para evitar los controles de la ONPE y mantener en la sombra el verdadero origen de los fondos. La entidad electoral ya aplicó multas por no bancarizar ingresos y por no contar con libros contables. Mientras avanza la investigación, Fujimori optó por no responder a las preguntas de la fiscalía, mientras el Ministerio Público proyecta formalizar una acusación en los próximos seis meses.
