La minería ilegal continúa siendo vista por la mayoría de los peruanos como una de las actividades más destructivas del país. Según un estudio del Centro Wiñaq, elaborado con encuestas y grupos focales de Datum, el 51 % de la población respalda la decisión de fijar un último plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras que el 34 % rechaza toda prórroga y exige clausurar las operaciones ilegales.
El informe revela que la ciudadanía asocia esta actividad con la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental. Además, percibe un fuerte impacto en la salud pública, la seguridad y la estabilidad institucional. Para la mayoría, la minería ilegal no solo depreda los ecosistemas, sino que también alimenta redes criminales y agrava los conflictos sociales en regiones como Madre de Dios, Puno o Arequipa.
Aun así, en el Congreso se presentaron tres proyectos de ley que buscan extender nuevamente la vigencia del Reinfo, incluso hasta el 2029. Detrás de estas iniciativas —según el estudio— hay legisladores que sobrestiman el apoyo ciudadano a la minería informal y subestiman el costo político de defenderla. Más del 70 % de los encuestados considera que la minería ilegal influye negativamente en el Parlamento, y un porcentaje similar cree que algunos congresistas reciben dinero de mineros ilegales.
Entre las pocas voces que se oponen a una nueva prórroga está la congresista Diana Gonzales, quien cuestionó el silencio de los ministerios de Agricultura y Ambiente frente a la intención de ampliar el registro. Asimismo, advirtió que la Comisión de Energía y Minas prioriza el debate de esa propuesta en lugar de discutir una nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
En síntesis, el estudio del Centro Wiñaq evidencia una desconexión entre la voluntad ciudadana y las decisiones legislativas. Mientras el país exige frenar la minería ilegal, el Congreso parece decidido a darle más tiempo para seguir operando.
