En el Congreso, el debate sobre la formalización minera ha vuelto a girar en círculos. La Comisión de Energía y Minas busca una vez más ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —esta vez hasta diciembre de 2027— y reincorporar más de 50 mil registros que ya habían sido depurados. El predictamen, impulsado por el congresista Víctor Cutipa (JPP–VP–BM), plantea además suspender los procesos de exclusión en curso, bajo el argumento de garantizar una “transición ordenada” hacia la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), aún entrampada en la misma comisión.
No obstante, para especialistas y legisladores críticos, la propuesta equivale a reinstalar el círculo vicioso de la informalidad. La congresista Diana Gonzales (Avanza País) calificó el texto como “el intento de reestablecer la inmortalidad del Reinfo” y adelantó su voto en contra. Según dijo, la medida “no enfrenta el problema, lo encubre” y termina beneficiando a quienes han convertido el registro en un escudo para actividades ilícitas.
El predictamen, además, propone reincorporar “de manera excepcional” a los mineros excluidos este año, siempre que declaren su intención de formalizarse. Para Iván Arenas, especialista en minería, esa reincorporación sería inconstitucional, pues “rompería todo lo avanzado y permitiría que la minería ilegal se camufle otra vez bajo registros formales”.
En la sesión de este viernes, sin embargo, la discusión quedó en suspenso. Por propuesta del congresista Roberto Sánchez, la comisión aprobó un cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre, a fin de evaluar nuevos aportes. Mientras tanto, el Ejecutivo se ha mostrado contrario a cualquier prórroga: la ministra de Economía, Denisse Miralles, recordó que el Gobierno “no evalúa una ampliación” y que la salida debe ser gradual, pero sin retrocesos.
Así, el Reinfo vuelve a dividir al Congreso: entre quienes lo defienden como oportunidad de formalización y quienes lo ven como el rostro más institucional de la impunidad minera.
