Las invasiones continúan avanzando en la provincia de Camaná sin que las autoridades locales reaccionen con firmeza. Esta vez, vecinos de la asociación Cerrillos I Zona A, Balneario de Playa La Católica, en el distrito de Samuel Pastor (Camaná), denunciaron la ocupación ilegal de un área de 2 400 metros cuadrados perteneciente a un parque público inscrito en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
El espacio forma parte del denominado “Parque I”, que cuenta con una extensión total de 13 920 metros cuadrados y que, según documentos oficiales, pertenece a la Municipalidad Provincial de Camaná, mediante la Partida Registral N° 12000294.
Blanco de invasiones
La primera invasión se produjo el 3 de agosto de 2025, alrededor de las tres de la madrugada, cuando un grupo de personas invadió el terreno municipal. A pesar de los letreros colocados por la comuna provincial con la advertencia “Propiedad Municipal”, los desconocidos ingresaron acompañados de individuos de dudosa reputación y cercaron el área con palos y arpillera negra.
Tras la denuncia pública de los vecinos, el lunes 4 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor y su procurador acudieron al lugar para realizar una inspección y levantar un acta de constatación. Sin embargo, el problema estaba lejos de resolverse.
El viernes 8 de agosto, las autoridades distritales, con el apoyo de los vecinos, recuperaron el área invadida, retirando las estructuras colocadas y reinstalando los letreros municipales. Pero, sorpresivamente, esa misma noche —alrededor de las 8:00 p.m.— los invasores regresaron al terreno, esta vez con apoyo logístico.
Se posicionan ilegalmente
De acuerdo con fotos y videos registrados al momento de la ocupación de estos terrenos, el vehículo de placa BMG-771, usado para el traslado de personas, materiales y alimentos, pertenece a Orlando Arturo García Portugal y Orealis Ibeth Neyra Rodríguez, quienes habrían colaborado con los invasores. Desde entonces, el grupo mantiene la posesión ilegal del terreno. Incluso, levantó un cerco perimétrico de material prefabricado y bloques de cemento, desafiando toda autoridad.
Peor aún, el 5 de agosto —apenas dos días después de la invasión— los ocupantes obtuvieron un certificado de construcción irregular emitido por el Consejo de La Punta, sin competencia legal para autorizar edificaciones sobre bienes públicos. Según los vecinos, esta resolución se convirtió en el pretexto para consolidar la ocupación del espacio recreativo.
A pesar de las múltiples denuncias, la Municipalidad Provincial de Camaná —a través de la Procuraduría—, titular del terreno, no ejecuta el desalojo. Los vecinos señalan una evidente omisión de funciones de parte de los funcionarios provinciales.
Respecto al tema, Revelación.pe trató de comunicarse con el alcalde de Camaná, Jaime Mamani Alvarez. A pesar de los reiterados intentos por obtener su versión, no respondió las llamadas ni los mensajes de WhatsApp. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Patrimonio de la comuna, Washington Manuel Quilla Huayapa, confirmó la ocupación ilegal de estos predios y denunció la inacción de la Procuraduría Municipal, a cargo de Dixie Rodríguez Cervantes.
Según el concejal, pese a que el caso fue atendido desde el primer día y se presentó la denuncia correspondiente, el proceso se encuentra entrampado debido a que el expediente fue transferido a la procuradora en mención que ha optado por llevar el caso a juicio en lugar de ejecutar el desalojo inmediato, una medida que está dentro de sus facultades.
El regidor también cuestionó la falta de decisión del alcalde, quien —según señaló— se limita a seguir las indicaciones de la procuradora, mientras los terrenos permanecen ocupados. “Su forma de actuar llama la atención porque ella quiere ir a juicio, no quiere realizar el desalojo que es facultad del municipio. El alcalde tampoco exige más allá, esta contento con lo que ella le indica. No es un trabajo correcto”, expresó, tras recordar que incluso la propia asociación vecinal ha denunciado la presunta omisión de funciones.
Pide traspaso de terrenos
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, por su parte, sostiene que desde hace dos años solicita la transferencia de titularidad del Parque I, pues el terreno se encuentra dentro de su jurisdicción. No obstante, la comuna provincial no ha respondido a los oficios enviados en 2023 y 2025, dejando al distrito sin competencias formales para intervenir.
“A pesar de haber pedido las áreas verdes en las playas a la municipalidad provincial de Camaná, que está documentado con acuerdos de concejo municipal y oficios para poder evitar las invasiones, no se nos ha transferido (los terrenos). Por lo tanto, siguen siendo propiedad de la provincia. ¿Qué mafia hay por detrás que no les conviene que nosotros estemos a cargo de las áreas verdes y espacios públicos? Nosotros no permitiremos tales situaciones”, respondió a Revelación.pe el alcalde de Samuel Pastor, Jonathan Machado Rivera.
Es decir —según el edil— detrás de estas ocupaciones ilegales estarían personajes ligados a la gestión municipal o exfuncionarios con poder dentro de la institución. Entre los documentos remitidos destacan los oficios N° 013-2023, 132-2023, 315-2023 y 400-2025, además del Informe N° 0149-2025-GSP-MDSP, donde se pide formalmente la transferencia. Todos permanecen sin respuesta.
Exigen acciones
Ante la inacción municipal, los vecinos presentaron cartas notariales y solicitudes a las municipalidades de Camaná y Samuel Pastor. En estas exigen el desalojo inmediato y la restitución del espacio público, así como el cumplimiento de la Ley 30230, que faculta a las autoridades a realizar desalojos extrajudiciales en casos de invasión de bienes del Estado.
En una de las cartas notariales, dirigida a la procuradora de la Municipalidad Provincial, Dixie Rodríguez Cervantes, los vecinos advierten que la omisión en recuperar el bien público podría configurar el delito de omisión de funciones, sancionado por el artículo 377 del Código Penal. Asimismo, exhortan a las autoridades a actuar bajo responsabilidad y respetar las leyes de defensa jurídica del Estado.
A más de 50 días de la invasión, los vecinos no han recibido ni una sola respuesta escrita o verbal de las autoridades, pese a que el tema ha sido tratado en varias sesiones de concejo. La Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público ya han recibido una denuncia formal, presentada el 22 de septiembre de 2025. Este medio también busco la versión de la procuradora Dixie Rodríguez Cervantes, pero sin éxito.
Mientras tanto, los presuntos invasores siguen avanzando con las obras de cerramiento del parque, alterando el paisaje del balneario y privando a los vecinos del único espacio recreativo público de la zona. Lo más grave, advierten, es que esta invasión podría abrir las puertas a nuevas ocupaciones ilegales en la franja costera de Camaná, donde los terrenos municipales tienen alto valor comercial.
