El año pasado la Contraloría alertaba que las órdenes de servicios y compra de bienes por montos menores a las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UITs) o / 42.800 se estaban convirtiendo en la principal fuente de dinero público que se perdía en la corrupción. Esto porque resulta más fácil que los funcionarios públicos truquen las convocatorias para dirigirlas a ciertos proveedores; amigos, familiares, aportantes de campaña y otros operadores políticos de las gestiones municipales y regionales.
En el Gobierno Regional de Arequipa, de los más de 2.935 millones de soles que recibieron este año, más de 326 millones (el 11% aproximadamente) se han asignado para el rubro de Bienes y Servicios. De los cuales, más de 197 millones ya se han gastado.
No estamos hablando de poco dinero. Es más presupuesto del que maneja la propia Municipalidad Provincial de Arequipa, por ejemplo, que este año logró obtener poco más de S/ 242 millones para todo lo que necesita. Incluso mucho más de los que recibe la comuna de Yarabamba (276 millones de soles), que es el municipio «más rico» de la región, gracias al canon minero.
Ahora, la noticia que este medio publicó, en base a un informe de la Contraloría, respecto al fraccionamiento de ordenes de servicio para beneficiar al clan familiar de los Pinto Paccara, solo confirma que las alertas de la entidad contralora no estaban infundadas.
El titular «Así se roba» merece una explicación. Es en referencia al modus operandi que esta familia, en complicidad con al menos 16 funcionarios públicos, utilizaron para hacerse con más de S/ 208 mil en ordenes de servicio durante la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Y, aunque el mandamás regional se ría y rechace cualquier intervención y responsabilidad suya, nosotros pensamos que sí la tiene; al menos responsabilidad política.
La pregunta que le hacemos al gobernador es: ¿Cómo es que esta familia Pinto Paccara logró obtener tantas ordenes de servicio cuando antes de la gestión de Sánchez no habían contratado con la región? ¿Quién fue el nexo que «ordenó» a los funcionarios que ayuden a los Pinto Paccara?
Es claro que aquí debe existir un operador político que coordinó para «pagar» el favor de los Pinto Paccara tras haber estos entregado más de S/ 10 mil para la campaña electoral del 2022 del gobernador. Si no fue el propio Sánchez, como él lo niega, debe haber alguien más.
Respecto al modus operandi, de acuerdo al informe de la Contraloría, y a lo que hemos visto en otros casos, los funcionarios regionales tomaron proyectos de mantenimiento que necesitaban presupuestos altos, mayores a las 8 UITs y los dividieron o fraccionaron en montos más pequeños. Es decir, por ejemplo, el mantenimiento de un colegio, que comprende obras menores, pintura, puesta de loza, equipamiento y otros; en lugar de contratarlo de manera integral lo dividieron en cada componente. De esa forma se evitó una licitación y se hizo un contratación directa con solo el mínimo de 3 cotizaciones, que también pueden trucarse.
De esa manera los Pinto Paccara de hicieron con 5 obras, que debieron ser integrales, pero recibiendo la ayuda de los funcionarios regionales para dividirlas por partes.
La duda recae en el resto de obras regionales. Sobre todo las que la gestión de Sánchez ejecuta bajo la modalidad de administración directa. Porque ahí es dónde se aplica la modalidad del fraccionamiento de servicios y compra de bienes para evitar licitaciones. Pero siempre beneficiando a los amigos, los familiares y los aportantes. Al final, no solo queda mal la obra, ni la gestión regional, sino también los que van a utilizar la infraestructura final; es decir, pobladores, estudiantes o pacientes de salud.
