En una clara muestra de vulneración a la transparencia, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, Richard Ale Cruz, y su cuerpo de regidores sesionaron virtual y clandestinamente. Esto lo evidenció la Contraloría General de la República, a través de su Informe de Orientación de Oficio N° 030-2025-OCI/0359-SOO.
El documento advierte que la comuna no realizó la convocatoria para el normal desarrollo de la “Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal correspondiente al mes de octubre». El informe se basa en una evaluación realizada del 22 al 23 de octubre de 2025. Se explica que no se garantizó el carácter público, abierto, y transparente de la misma.
Es decir, se impidió que la población conociera el día y la agenda de la sesión. Además, no se publicó el desarrollo de la sesión en tiempo real en el portal institucional o en sus redes sociales oficiales. Esto afecta el principio de publicidad y limita la transparencia.
El órgano de control señala que la Entidad, pese a contar con normativa interna (Ordenanza Municipal N° 501-MPI) que faculta las sesiones no presenciales, no respetó las formalidades y garantías que exige la legislación. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y su artículo 13-A incorporado por la Ley N° 31270, establecen que los procedimientos para las sesiones virtuales «deben garantizar el carácter público, abierto y transparente de los debates virtuales».
Esta exigencia también está replicada en el Reglamento Interno de la Entidad (Artículos 31° y 55° de la Ordenanza Municipal n.° 501-MPI). Originalmente, la sesión había sido convocada como presencial para el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 15:00 horas en la Estación Cultural. Sin embargo, mediante una citación emitida el mismo día 22 de octubre de 2025, se comunicó un cambio a la modalidad no presencial (virtual), a solicitud verbal de una regidora.
A pesar de este cambio, la unidad contralora constató que el 23 de octubre de 2025 que la sesión no se había realizado de manera pública y que su convocatoria no fue difundida en el portal institucional. En resumen, todo se realizó casi de manera clandestina, vulnerando todos los mecanismos de transparencia.
