Una contundente acusación fiscal que pide más de 17 años de prisión pende sobre el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo. La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado cargos que lo sitúan en el centro de una trama de abuso de poder, desvío de personal y manejo irregular de fondos. Junto a él, enfrentan la misma solicitud de pena el actual prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos, y otros tres exfuncionarios policiales: Luis Alberto Cancela Roggero, Rolando Rodríguez Bilbao y Claudia del Castillo.
Obras y Órdenes en Plena Pandemia
En 2020, mientras el país se encontraba paralizado por la COVID-19, en el complejo de la IX MACREPOL Arequipa se iniciaron trabajos de remodelación valorados en aproximadamente 180 mil soles. Las obras, que incluían mejoras en el patio de armas, el cenotafio en memoria de los caídos y el enchapado de piedra laja, se ejecutaron al margen de los conductos regulares. Según la investigación fiscal, por orden directa del entonces general Víctor Zanabria, un grupo de 15 efectivos asignados al patrullaje a pie fue desviado de sus funciones para dedicarse a tareas de albañilería.
Para encubrir esta grave irregularidad, en los registros oficiales de la PNP se consignaba que dichos agentes realizaban labores de «inteligencia operativa», cuando en realidad trabajaban en las construcciones internas. El nivel del encubrimiento quedó expuesto en el testimonio de la exoficial Claudia Del Castillo, quien relató que durante una inspección fiscal sorpresiva, los suboficiales fueron escondidos en las duchas de los baños de mujeres y en la capilla del complejo para evitar ser encontrados.
Testigo Clave
La investigación cobró un giro decisivo con el testimonio del obrero Claver Colquehuanca Quispe. A Colquehuanca, contratado por un total de S/ 4,700, se le adeudaba un saldo final de S/ 200. Sin embargo, para saldar la deuda, se le emitió un cheque por S/ 17,600. Según su declaración, el propio Zanabria y otros oficiales le indicaron que cobrara la totalidad del dinero y les devolviera el excedente en efectivo.
La tesis fiscal sostiene que esta maniobra era el mecanismo para apropiarse de una donación de S/ 17,600 realizada por la minera «La Soledad S.A.C.» para financiar la obra. El presunto delito de peculado se configura porque Zanabria no habría seguido los procedimientos oficiales para recibir donativos, que exigen una resolución directoral y el registro formal de los fondos.
Colquehuanca se negó a participar en la operación y, en un acto que se volvió crucial para la fiscalía, devolvió el cheque notarialmente a la Policía.
La Acusación Formal y el Camino al Juicio
Tras años de recopilación de pruebas, el Ministerio Público consolidó una acusación formal por los delitos de peculado doloso agravado y colusión agravada.
El riesgo de obstaculización del proceso es otro factor clave para la fiscalía, un temor que se vio reforzado cuando seis testigos del caso solicitaron y obtuvieron protección especial por «temor fundado de que se puedan tomar represalias» dada la alta jerarquía de Zanabria. En un desarrollo significativo, en septiembre de 2025, una jueza anticorrupción ordenó la suspensión preventiva de Zanabria de su cargo de Comandante General por 18 meses, precisamente para evitar interferencias en la investigación.
El próximo paso procesal será la audiencia de control de acusación, programada para el 5 de diciembre de 2025 a las 11 de la mañana. Allí, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios definirá si el caso avanza a juicio oral, dejando a los altos funcionarios a un paso de enfrentar una de las acusaciones más graves por corrupción de los últimos años en la región.
