Tras el informe de auditoría publicado por la Contraloría —donde se desvela una presunta red de corrupción integrada por aportantes de campaña de Rohel Sánche—, el mandatario regional optó por lavarse las manos y minimizar los hechos. Señaló que no es responsabilidad suya la contratación de sus allegados.
«Es un tema administrativo. El gobernador no va a estar viendo temas de mantenimientos. El gobernador está viendo el plan de desarrollo de Arequipa, su plan estratégico. Esto (el informe) no le alcanza ni al gerente general (Berly Gonzáles) en cuanto a responsabilidad, debajo hay gerencias y esa (AFNEMIP) es una unidad funcional, pero hay que actuar de acuerdo a ley. Sí es prohibido, que les caiga el peso de la ley», dijo y se retiró sin brindar más declaraciones. Sin embargo, evitó referirse a la cercanía que tiene con el clan familiar Pinto Paccara.
Cabe señalar que, el documento del ente de control detalla un esquema de fraccionamiento sistemático de contratos dentro del Área Funcional No Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública (AFNEMIP). Funcionarios y un grupo familiar habrían dividido servicios por debajo de las 8 UIT para eludir procesos de selección. Este mecanismo permitió el desvío de más de S/ 208 mil en proyectos de mantenimiento de colegios y vías.
Los beneficiarios fueron Alexander Manuel Pinto Paccara, Diego Armando Pinto Paccara, Doris Tacca Pacsi y Karlo Giovani Guevara Fuentes. Todos parientes entre sí y ganadores —a través de sus empresas— de los servicios fraccionados. Lo revelador es que Alexander Pinto Paccara figura también como aportante de campaña del gobernador, con una contribución de S/ 10,650 según reportes de la ONPE.
El informe subraya que estas adjudicaciones se repitieron en cinco fichas de mantenimiento, aun cuando correspondía una sola adjudicación en concurso público para cada proyecto. Además, se detectaron pagos duplicados, sobrecostos y servicios no ejecutados. La Contraloría calificó estas acciones como una vulneración directa a la Ley de Contrataciones.
Incluso, el documento advierte una posible concertación con los 16 exfuncionarios del gobernador para fraccionar deliberadamente los servicios. A varios de estos se les encontró responsabilidad penal. Es decir, serán investigados por delitos de negociación incompatible y otros.
Mientras tanto, el gobernador Rohel Sánchez insiste en mantenerse al margen. Esto porque, según sus declaraciones, trasladó toda la responsabilidad a las áreas técnicas. Sin embargo, su silencio frente a los vínculos políticos y familiares de los implicados alimenta la sospecha de una red de favores tejida desde su entorno más cercano.
