Un diagnóstico preocupante se cierne sobre la seguridad ciudadana. La Contraloría General de la República inició un operativo de control en 466 comisarías del país, entre ellas 16 en Arequipa, Islay y Caylloma, donde se detectaron deficiencias en infraestructura, equipamiento y dotación policial. El objetivo del operativo “Comisarías Básicas PNP 2025” es evaluar las condiciones reales en las que la Policía Nacional enfrenta la delincuencia en el territorio peruano.
El operativo, desplegado simultáneamente en las 25 regiones policiales del país, movilizó a casi 700 auditores con la misión de inspeccionar infraestructura, logística y servicios de atención ciudadana. En Arequipa, los equipos de control verificaron que varias comisarías presentan patrulleros fuera de servicio por falta de mantenimiento, chalecos antibalas en estado crítico, y computadoras con décadas de antigüedad. También se evidenció escasa dotación de personal y deficiencias en la recepción y trámite de denuncias.
A nivel nacional, los hallazgos no fueron menos alarmantes. En Lima, el propio contralor general, César Aguilar Surichaqui, encabezó la inspección a la comisaría de Ciudad y Campo, en el Rímac, donde se hallaron armas con más de 40 años de antigüedad, techos con humedad, mobiliario deteriorado y radio transmisores inoperativos. “Todos debemos poner el hombro si queremos combatir la delincuencia”, declaró Aguilar, al destacar que el operativo busca ofrecer un diagnóstico objetivo al Congreso y al Ministerio del Interior.
El vicecontralor Marco Argandoña lideró otra visita en San Juan de Miraflores, donde se detectaron escaleras oxidadas, cables eléctricos expuestos y chalecos antibalas con 35 años de uso. También se observaron motocicletas nuevas inutilizadas por falta de capacitación del personal. Según la Contraloría, estas deficiencias comprometen la capacidad de respuesta policial ante la criminalidad que golpea al país.
En Arequipa, el operativo continuará hasta el 5 de noviembre y los resultados serán comunicados al Ministerio del Interior y a la Dirección de la Policía Nacional para la adopción de medidas correctivas. Los informes finales permitirán conocer si las comisarías básicas —consideradas la primera línea de defensa ciudadana— están realmente preparadas para garantizar seguridad, prevención y atención efectiva ante la creciente ola delictiva que preocupa al sur del país.
