El futuro judicial de Andrés Hurtado podría cambiar drásticamente. Su abogado, Elio Riera, sostuvo que el fallo que ordenó la libertad de la fiscal Elizabeth Peralta marca un precedente favorable para el expresentador de televisión, investigado por tráfico de influencias y cohecho. Ambos están implicados en un mismo expediente, y según Riera, la revisión de oficio aplicada por el juez supremo Juan Carlos Checkley demuestra que no siempre es necesario mantener a los imputados en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El juez Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso la libertad de Peralta bajo reglas específicas y una caución de S/10.000, que deberá ser cancelada en el Banco de la Nación en un plazo de tres días. La decisión judicial, saludada por la defensa de Hurtado, podría replicarse en su caso bajo el principio de igualdad ante la ley. “A igual razón, igual derecho”, enfatizó Riera en declaraciones a RPP.
El abogado sostuvo que el proceso empieza a mostrar señales de equilibrio, tras meses de cuestionamientos a las prisiones preventivas impuestas. “Muy pronto se llevarán a cabo las diligencias, y creemos que la justicia sabrá corregir los excesos”, señaló. Hurtado ya obtuvo una orden de excarcelación por el primer proceso, pero permanece en el penal de Lurigancho debido a una segunda medida vigente hasta marzo de 2026, vinculada al presunto delito de cohecho pasivo específico.
El abogado Benji Espinoza, defensor de Peralta, coincidió en que no existen riesgos de fuga ni de obstaculización en ninguno de los dos imputados. “En el caso de Hurtado tampoco hay razones para mantenerlo preso”, afirmó. Además, calificó el caso como “débil”, al señalar que la fiscalía se apoya en testimonios de referencia sin pruebas directas.
De acuerdo con la investigación, Hurtado habría actuado como intermediario entre empresarios dedicados a la compraventa de oro y la fiscal Peralta, presuntamente para recuperar un cargamento de 100 kilos incautado y promover una denuncia contra un competidor comercial. Uno de los procesados, Iván Siucho, declaró que la fiscal solicitó 100.000 dólares para iniciar una causa por lavado de activos. Las denuncias, que salpican a funcionarios de distintas entidades, motivaron además procesos disciplinarios contra magistradas de la Corte Superior de Justicia de Lima.
