Un nuevo escándalo de corrupción de proporciones mayúsculas vuelve a poner en tela de juicio la gestión del gobernador Rohel Sánchez en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Y es que una red familiar —vinculada a la campaña política del mandatario—, y un grupo de 16 funcionarios y exfuncionarios tejieron un sistema para desfalcar al Estado por 208 mil 223.94 soles.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 043-2025-2-5334-AC, emitido por la Contraloría, se fraccionaron deliberadamente varias fichas de mantenimiento dentro del Área Funcional No Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública (AFNEMIP). El fin era que cada requerimiento quede por debajo del umbral legal de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), evitando así la convocatoria a procesos de selección pública. Esto ocurrió entre enero de 2023 y enero de 2024.
Durante este periodo, los funcionarios del GRA dividieron más de 40 órdenes de servicio derivadas de cinco trabajos de mantenimiento. Esta fragmentación permitió una adjudicación de servicios por separado a proveedores vinculados entre sí, cuando debió ejecutarse como un solo proyecto. Incluso, se facilitó la validación de servicios duplicados, sobrecostos y otros que ni siquiera se ejecutaron.
Vínculos con Rohel
Este caso toma mayor relevancia al conocer que varios de los representantes legales de estas empresas beneficiarias —que a su vez son familiares— formaron parte del entorno político del gobernador Rohel Sánchez Sánchez. Esto salió a la luz en un informe publicado por Revelación.pe que titula “Aportantes de campaña de Rohel Sánchez ya facturaron S/ 10.3 millones”.
El informe de investigación señala precisamente a Alex Manuel Pinto Paccara como aportante de campaña durante la contienda electoral. Este apoyó con S/ 10 mil 650, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Y desde el inicio de la gestión, sus familiares —a través de las empresas ya mencionadas— se alzaron con contratos menores a 8 UITs. Esa es la “suerte” de los allegados al gobernador.
Familia con suerte
El perjuicio económico se concretó en cinco fichas de mantenimiento relacionados con proyectos educativos y viales. Se trata de la I.E. 40163 Benigno Ballón Farfán (S/ 83,214.00), CETPRO del Ejército del Perú —Arequipa (S/ 47,318.83), I.E. Paulo VI-CIRCA (S/ 45,165.99), Vías de Peruarbo (S/ 27,296.00) y CEBE Piloto Miraflores (S/ 5,229.12).
Para realizar estos mantenimientos, se adjudicaron servicios fraccionados a las empresas P&B Group Construction & Developer SAC, AMP Laboratorio y Servicios Generales, DTP Servicios Generales E.I.R.L., TY Construcciones Generales SAC, Jire Consultoría – Construcción y Servicios Generales E.I.R.L., Dizer Construcciones y Servicios SAC, J&K Valencia Consultoría y Construcciones SAC, Diego Armando Pinto Pacara y Karlo Giovani Guevara Fuentes, cuyos representantes legales de estas firmas son familiares.
Precisamente, en el centro de la red familiar aparece Alexander Manuel Pinto Paccara, quien figura como proveedor natural y representante legal de las empresas P&G Group Construction & Developer SAC y AMP Laboratorio y Servicios Generales E.I.R.L., ambas beneficiarias de adjudicaciones para estos proyectos.
Su hermano, Diego Armando Pinto Paccara, también participó como proveedor natural para la I.E. Benigno Ballón Farfán. Mientras que la cuñada, Doris Tacca Pacsi, representó legalmente a DTP Servicios Generales E.I.R.L., otra de las contratistas recurrentes en estos servicios de mantenimiento. Completan el círculo familiar Karlo Giovani Guevara Fuentes —sobrino y proveedor— y otros vinculados.
El informe subraya que la actuación de este grupo familiar vulnera el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe la colusión o el aprovechamiento de vínculos familiares para consolidar adjudicaciones frente a la administración pública.
El “faenón” del GRA
En la I.E. Benigno Ballón Farfán, que concentra el mayor monto, la unidad contralora documentó pagos por pintado de muros abonados en duplicado bajo distintas denominaciones. Además de la inclusión de trabajos no previstos (empastado y pintado de techo) y la compra de EPP sin justificación técnica. También se detectó asignación indebida de funciones, por ejemplo en la contratación del servicio de andamios.
En el CETPRO del Ejército del Perú, la auditoría detectó reconocimiento de metrados por S/ 32,665.63 que se consideraron técnicamente inviables de ejecutar. Esto junto con la contratación indebida del servicio de movilización y desmovilización de equipos. Situación que infló el costo del mantenimiento de los servicios.
Para la I.E. Paulo VI-CIRCA, el daño económico obedeció a sobreestimaciones en el presupuesto deductivo y la sobrevaloración de montos referenciales. Además del pago por servicios duplicados y metrados no ejecutados, según los resultados de la auditoría.
En las vías del sector Peruarbo la práctica del pago por movilización y desmovilización de maquinarias se utilizó indebidamente para incrementar el gasto y favorecer a los mismos proveedores; allí se identifica un perjuicio de S/ 27,296.00.
El CEBE Piloto Miraflores presenta evidencia de sobrecostos en requerimientos aprobados por encima de lo estipulado inicialmente en la ficha técnica. Esto confirma que el fraude no solo fue de magnitud sino también transversal en diferentes tipos de servicios.
Funcionarios responsables
La Contraloría identificó además 16 funcionarios y servidores del GRA con presunta responsabilidad administrativa y penal, distribuidos entre la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias, AFNEMIP, la Oficina de Logística y Patrimonio y otras áreas técnicas relacionadas.
Entre los servidores señalados como operadores directos del fraccionamiento figura Néstor Ismael Valdivia Chalco, jefe de AFNEMIP. A este se le atribuye la firma y autorización de más de 40 pedidos de servicio fraccionados, incluso cuando varios eran para un mismo proyecto y en las mismas fechas.
Como operador técnico del esquema se identifica a Helber Rivel Pinto Alemán, Responsable Técnico de Mantenimiento (RETAM). El funcionario elaboró 22 informes entre mayo y octubre de 2023 y formuló requerimientos dividiendo artificialmente las fichas técnicas. Además de establecer valores referenciales reducidos para no superar el umbral de 8 UIT.
La auditoría también señala un caso de conflicto de intereses: la funcionaria Jeaneth Isabel Rondón Estefanero supervisó proyectos —CEBE Piloto Miraflores e I.E. Paulo VI Circa— mientras su empresa JIRE Consultoría recibía contratos vinculados a esos mismos mantenimientos, según los hallazgos descritos por el ente de control. Es decir, se aprovechó de su cargo para beneficiarse con contratos a través de su empresa.
Varios inspectores técnicos, cotizadores y personal de adquisiciones son mencionados por validar, revisar y procesar expedientes fraccionados sin advertir las duplicidades ni la relación entre los beneficiarios. Se trata de Jean Carlo Salas Cuno (Inspector Técnico), Yurema Larico Valdivia (Inspectora Técnica), y cotizadores como Yolanda Quispe Cahui y Hernan Fabrizio Gomez Turpo.
La Oficina de Logística y Patrimonio, dirigida en ese periodo por Erick Apaza Palo, es señalada por permitir que su área procesara los requerimientos fraccionados sin ejercer las alertas y controles previstos en las directivas internas. Mientras que la Oficina de Presupuesto certificó partidas sin cuestionar la división evidente de los proyectos.
En manos de la Procuraduría
Frente a estos hallazgos, la Contraloría dispuso el traslado del informe al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República para el inicio del procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones e inhabilitaciones. Además, remitió el expediente al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para que se inicien las acciones penales correspondientes.
En síntesis, la auditoría describe un esquema configurado por la confluencia de un grupo familiar de proveedores y la actuación —por acción u omisión— de 16 servidores públicos, que mediante fraccionamiento, duplicidades y sobrevaloraciones provocaron un desfalco de S/ 208,223.94 a proyectos de mantenimiento de colegios y vías en Arequipa.
