Parece poco, pero es dinero público. La Contraloría General de la República identificó un desbalance de S/ 3,062 en la recaudación de ingresos provenientes de las zonas azules y playas de estacionamiento administradas por la Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA). El hallazgo figura en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 013-2025-2-0483, emitido el 15 de octubre de 2025.
El Órgano de Control Institucional (OCI) revisó más de S/ 21,000 en boletos emitidos durante ese periodo. Y detectó diferencias por S/ 3,062 entre los importes de los comprobantes entregados a los usuarios y los formatos oficiales denominados “Registro de Ingresos de Zonas Azules”. Estas inconsistencias, según la Contraloría, comprometen la transparencia e integridad de la gestión económica de la institución.
El informe señala que los controladores encargados de la cobranza afirmaron haber entregado diariamente la totalidad del dinero recaudado y los talonarios de tickets al servidor Rodríguez Chicchón. Y en otros casos, a las supervisoras Andrea Cristina Ylla Quenaya y Katherine Jusha Wagner Tejada. Quienes fueron contratadas mediante órdenes de servicio el 11 de septiembre de 2024.
Sin embargo, el OCI verificó que los registros presentaban borrones, uso de corrector líquido y enmendaduras hechas con lapicero. Esto pone en duda la veracidad de los montos consignados. Estas alteraciones, según el ente de control, habrían sido efectuadas posteriormente a la entrega de los formularios por parte de los trabajadores.
Durante las entrevistas, varios controladores declararon que los formularios habrían sido modificados luego de su entrega. Y que ellos solo registraban el número de boletos y el monto cobrado en efectivo. Según sus testimonios, las hojas originales fueron alteradas para ajustar los valores declarados en los reportes finales.
El informe también advierte que las supervisoras mencionadas no cumplieron adecuadamente su labor de monitoreo y control de la recaudación en las 26 zonas azules de la ciudad, pese a que esa era su función principal. Esta omisión habría permitido que se manipulen los formatos oficiales sin un control efectivo.
Además, se evidenció falta de mecanismos de verificación interna, ausencia de conciliaciones diarias entre los ingresos y los depósitos bancarios, y deficiente control documental sobre los boletos utilizados. Estas deficiencias facilitaron la aparición de brechas contables y el ocultamiento de los fondos faltantes. De confirmarse responsabilidades administrativas o penales, el caso será derivado al Ministerio Público.
