La congresista Lucinda Vásquez se encuentra bajo el escrutinio público y legislativo. Esto tras la difusión de imágenes que evidencian el uso de trabajadores de su despacho para la realización de actividades estrictamente personales en horario de oficina. El programa Cuarto Poder mostró al trabajador Edwar Rengifo, familiar de la parlamentaria, cortándole las uñas en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa. Un segundo reporte reveló que el asesor Willer Sajami acudió al domicilio de Vásquez para preparar su desayuno, acciones registradas entre noviembre de 2022 y enero de 2023.
El abogado laboralista Axel Medina, del estudio Ugaz Zegarra, explicó que los trabajadores de un despacho parlamentario están contratados por el Estado exclusivamente para brindar soporte técnico, legal y administrativo vinculado a las funciones legislativas y de representación. Medina sostuvo que la exigencia de tareas personales por parte de un congresista a sus subordinados resulta incompatible y contrario al ordenamiento jurídico. Las tareas impuestas desnaturalizan la relación laboral y configuran una desviación de poder. Lo que implica un uso indebido de los fondos del Estado. Esta acción puede acarrear tanto responsabilidad administrativa como penal.
Consultado sobre el marco legal, el especialista consideró que los hechos podrían encuadrarse bajo la figura del peculado de uso, tipificada en el Código Penal Peruano. Este delito sanciona el empleo de bienes, recursos o personal del Estado para fines totalmente ajenos a la función pública encomendada. La ley contempla que este delito puede acarrear una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años de prisión. Adicionalmente a la pena de cárcel, la sanción puede incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la apertura de procesos administrativos por infringir el Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815).
Respecto a la afectación laboral, el abogado Medina precisó que la situación no califica como trabajo forzoso en el sentido estricto de la ley. Pero la imposición de estas tareas privadas sí podría constituir hostigamiento laboral. Este riesgo se configura especialmente si existe una presión evidente, temor a posibles represalias o el riesgo de perder el empleo. El impacto se agrava al hacerse público, vulnerando la dignidad personal y profesional de los trabajadores involucrados en las actividades ajenas al servicio.
En el ámbito político, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elvis Vergara, confirmó que impulsará el inicio de una investigación contra la congresista Lucinda Vásquez. Vergara manifestó que el solo hecho de «denigrar a una persona que tiene un objetivo que es colaborar con las labores del despacho en cosas que no tienen nada que ver, evidentemente, genera el rechazo total». De obtener el respaldo de los demás integrantes, la legisladora podría afrontar una sanción que va desde una suspensión temporal y una amonestación pública, hasta la recomendación de su destitución. Parlamentarios han invocado no solo la denuncia de oficio sino también el desafuero, considerando que Vásquez ya afronta una denuncia previa por el recorte de sueldo a sus trabajadores.
