El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su entorno más cercano, al incluirlos en la denominada Lista Clinton, una clasificación que agrupa a personas y entidades vinculadas con el lavado de dinero procedente del narcotráfico. La decisión, anunciada por el Departamento del Tesoro, también alcanza a su esposa, Verónica Alcocer; a su hijo, Nicolás Petro Burgos; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el mandatario “ha dejado prosperar a los carteles y se ha negado a detener esta actividad ilegal”. Como consecuencia, Petro y los demás sancionados enfrentan la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar operaciones financieras con ciudadanos o instituciones de ese país.
La medida fue presentada como parte de una ofensiva más amplia de Washington para restringir el flujo de drogas hacia su territorio. “No toleraremos el tráfico que destruye comunidades en Estados Unidos y corrompe gobiernos en la región”, señaló Bessent, quien agregó que la administración de Donald Trump “está tomando medidas firmes” para enfrentar el narcotráfico.
Desde Bogotá, Petro respondió con dureza. A través de la red X, afirmó que ha luchado contra el narcotráfico durante décadas y calificó las sanciones como “una injusticia histórica”. “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió el mandatario, al tiempo que acusó a funcionarios estadounidenses de tener vínculos con carteles que operan desde Miami.
Por su parte, Benedetti calificó la política antidrogas de Washington como “una farsa armamentista”, mientras Nicolás Petro sostuvo que su inclusión en la lista “carece de sustento” y responde únicamente a su parentesco con el jefe de Estado.
La decisión marca un punto crítico en la relación entre Colombia y Estados Unidos, que desde hace medio siglo mantienen una cooperación sostenida en la lucha antidrogas.
