Durante más de tres años, un ambicioso proyecto de infraestructura universitaria permanece paralizado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Se trata del “Mejoramiento del servicio de formación profesional en ingeniería sanitaria e ingeniería civil”, valorizado en más de 44 millones de soles. Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) destapa una serie de irregularidades administrativas que explican el estancamiento de esta inversión pública.
El Informe de Hito de Control N.º 15740-2025-CG/GRAR-SCC, advierte riesgo en la viabilidad del proyecto. Sucede que la obra fue declarada viable por S/ 38,7 millones en 2020 y posteriormente actualizada a S/ 44,4 millones. Sin embargo, no existe avance físico ni proceso de selección alguno para su reinicio.
Paralizado por años
Según el documento, el Comité Especial detuvo el proyecto en marzo de 2023 sin una causa técnica concreta, simplemente invocando el artículo 43 del reglamento de la Ley N° 29230. Sin embargo, esta norma se aplica sólo cuando el proyecto ya está en concurso o licitación para elegir a la empresa que ejecutará o financiará la obra.
En términos simples, permite suspender temporalmente un proceso de selección —no un proyecto entero— cuando ocurre algún hecho que impide continuar con normalidad. Es decir, la suspensión se basó en un argumento legal incorrecto, lo que invalida formalmente la decisión.
La unidad contralora también comprobó que la universidad no publicó el acta de suspensión ni notificó a las partes involucradas, incumpliendo la obligación de transparencia establecida por la normativa. Ninguna evidencia fue hallada en los portales de ProInversión ni en los registros institucionales.
“La suspensión del proyecto carece de sustento normativo y no cumple con las formalidades de publicidad ni notificación establecidas por la Ley N.º 29230”, concluye textualmente el informe de la Contraloría.
A la deficiente justificación se suma una serie de errores administrativos. La Resolución de Consejo Universitario N.º 0115-2023, que priorizó el proyecto y aprobó su presupuesto actualizado, no se ajusta al modelo del Ministerio de Economía y Finanzas. La parte considerativa y resolutiva omite atribuciones básicas como autorizar al rector a suscribir convenios, pedir asistencia técnica a ProInversión o gestionar afectaciones presupuestales ante el MEF.
En la práctica, esta omisión bloquea la capacidad de la universidad para continuar el procedimiento y asegurar la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), indispensables para ejecutar el proyecto. “Sin esas facultades expresas, el rector no puede firmar modificaciones ni asegurar financiamiento”, advierte el órgano de control.
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Presuntos responsables
De acuerdo a la unidad contralora, el Comité Especial responsable de los actos previos está conformado por Christian Raúl Zapata Manrique (presidente), Maykol Mauricio Álvarez Ardiles y Miguel Neftalí Luque Plata, designados mediante Resolución Directoral N.º 385-2023-DIGA. Este grupo, según la Contraloría, omitió la evaluación de los efectos del Decreto Supremo N.º 132-2025-EF, que fijó un tope anual de inversión de S/ 20,8 millones para la UNSA. Pese a ello, no se solicitó el informe financiero correspondiente ni se ajustó el proyecto a dicho límite.
También se advierte un riesgo inminente: la pérdida de la viabilidad del proyecto. La declaración inicial, otorgada en diciembre de 2020, tenía vigencia por tres años. Si bien fue actualizada en enero de 2023 —lo que la extiende hasta 2026—, la falta de ejecución o avances técnicos podría derivar en su anulación definitiva antes de esa fecha.
Más allá de los procedimientos, el impacto recae directamente en los 9 694 estudiantes de las escuelas de Ingeniería Civil e Ingeniería Sanitaria, quienes continúan formándose en laboratorios precarios, sin los equipos ni la infraestructura moderna que el proyecto prometía. El informe describe la situación como un “riesgo que afecta la calidad del servicio educativo y la eficiencia del gasto público”.
La Contraloría apunta a errores formales y posibles responsabilidades administrativas. Señala que el comité especial y las autoridades universitarias incumplieron funciones de planificación, supervisión y gestión financiera. En términos simples: decisiones erradas y omisiones que han paralizado un proyecto estratégico para la formación profesional en Arequipa.
