La joven psicóloga, Patricia Sucacahua Valencia (32), perdió la vida durante una intervención de liposucción realizada recientemente en el Hospital Geriátrico Municipal de Cerro Colorado, en Arequipa. Según los reportes preliminares, la cirugía aparentemente se desarrolló sin signos visibles de trauma quirúrgico, pero el desenlace fue fatal.
El documento oficial emitido por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público señala que al realizar la necropsia no se encontraron cortes, perforaciones ni daños a órganos internos vitales vinculados directamente a la técnica médica empleada. Esto descarta de momento la presencia de una lesión traumática como causa directa del fallecimiento.
En el parte se consigna que las causas del deceso fueron “edema cerebral” y “edema pulmonar”, junto con el estado postoperatorio inmediato. Estos términos significan —en lenguaje más sencillo— que hubo una acumulación anormal de líquido tanto en el cerebro como en los pulmones. Esto hace muy difícil la vida del cuerpo por los malos intercambios de oxígeno y las complicaciones cerebrales asociadas.
Ese tipo de hallazgos son compatibles con un cuadro de reacción anafiláctica severa. Es decir, una respuesta alérgica aguda que puede activarse en ciertos organismos de manera repentina. En este caso, el informe sugiere que no se relaciona directamente con la técnica quirúrgica ni con heridas internas producidas durante la operación.
Reacciones como estas son poco frecuentes, impredecibles incluso cuando los protocolos de asepsia, equipo y personal están debidamente implementados, razón por la cual se hacen exámenes exhaustivos y se monitorea al paciente tras la intervención. Este episodio pone de manifiesto que incluso los procedimientos considerados rutinarios pueden derivar en complicaciones inesperadas.
El caso está en investigación bajo la dirección del Ministerio Público, que analizará tanto la causa final del deceso como las eventuales responsabilidades. Aunque la necropsia ya descarta lesiones traumáticas directas, aún deberán evaluarse otros factores como la administración de medicamentos, registros preoperatorios, consentimiento informado, la habilitación de la sala quirúrgica y la supervisión de la intervención.
Mientras tanto, la familia de la víctima exige transparencia en el proceso; piden saber si se respetaron los protocolos, si el profesional tenía las credenciales adecuadas y si el lugar estaba autorizado para ese tipo de cirugía. Las autoridades han indicado que proveerán todas las facilidades para que se esclarezca el hecho.
