La Contraloría General de la República advirtió incumplimientos en la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), durante la ejecución del contrato para el servicio de operaciones comerciales, a cargo del consorcio Copemane. Según el informe de control concurrente N° 019-2025, la empresa no cumplió con las condiciones pactadas en la compra e implementación de su flota de vehículos eléctricos.
El documento señala que el contrato, firmado en mayo de 2024 por más de S/ 57 millones, exigía que al menos 21 unidades fueran vehículos eléctricos distribuidos en Arequipa, Camaná, Mollendo, El Pedregal y La Joya. Sin embargo, las inspecciones realizadas en octubre de 2025 revelaron que los autos no cumplían con las características técnicas exigidas y, en muchos casos, ni siquiera estaban siendo usados.
La comisión de control inspeccionó los locales del contratista en Arequipa y Camaná, comprobando que las unidades permanecían estacionadas en los talleres. Algunas estaban sin uso durante semanas, pese a que debían estar operativas atendiendo labores de mantenimiento, cortes y reconexiones eléctricas.
“Gato por liebre”
El informe advierte que los vehículos entregados son de otro tipo al requerido. Mientras las bases exigían camionetas, minivanes y autos sedan eléctricos, la contratista adquirió modelos multipropósito y tipo panel, que no cumplen con los estándares de seguridad ni la capacidad para transportar materiales y personal técnico.
Además, el ente de control observó que ninguno de los vehículos eléctricos cuenta con jaulas internas de seguridad. Esto pese a que las bases establecen este equipamiento para evitar lesiones en caso de accidentes. Esta omisión, señala el informe, pone en riesgo la integridad física de los trabajadores y podría derivar en graves consecuencias ante un siniestro.
Otro punto crítico detectado es el incumplimiento del plazo para la entrega de las unidades. El contrato otorgaba cinco meses para la implementación total de los vehículos eléctricos y un mes adicional para la presentación de facturas o contratos de compra. No obstante, las tarjetas de propiedad de las unidades fueron remitidas recién en julio de 2025, ocho meses después del vencimiento del plazo.
El informe también evidencia una modificación irregular de los términos contractuales. En agosto de 2025, Seal y el consorcio firmaron un acta de acuerdos que alteró las especificaciones técnicas iniciales, retirando algunos vehículos eléctricos del requerimiento original. Para el ente de control, esta modificación vulnera las condiciones del proceso de selección.
Pese a estos incumplimientos, Seal difundió en sus redes sociales la presentación de su “moderna flota eléctrica”, destacándose como una de las más grandes del sur del país. Sin embargo, las visitas de la Contraloría comprobaron que buena parte de esas unidades no estaba en funcionamiento o se encontraba almacenada en los depósitos del contratista.
El órgano de control advierte que la falta de uso de los vehículos eléctricos impide el cumplimiento de la finalidad pública del contrato, que buscaba reducir la contaminación y promover la movilidad sostenible. Al contrario, el incumplimiento afecta la eficiencia del servicio y genera sobrecostos al Estado.
