Las sedes judiciales de toda la región Arequipa amanecieron este miércoles sin atención al público. Alrededor de mil 600 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Arequipa iniciaron un paro preventivo de 48 horas. Lo que ha paralizado audiencias, trámites y servicios administrativos.
El secretario general del sindicato, José Luis Ruedas, explicó que la medida responde a un llamado nacional de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial del Perú. El mismo que exige la aprobación de un régimen laboral único y una asignación presupuestal de 170 millones de soles en la Ley de Presupuesto 2026 para cubrir los beneficios de estos trabajadores
“Queremos un solo régimen laboral que brinde estabilidad a todos los servidores y un reajuste en la escala remunerativa”, expresó el dirigente. Agregó que, de no ser escuchados, radicalizarán la protesta en noviembre, cuando el Congreso debata el presupuesto fiscal del próximo año.
Entre las principales demandas figuran el pase de los trabajadores bajo el régimen CAS al Decreto Legislativo 728. Esto les permitiría acceder a beneficios laborales plenos, así como un incremento salarial acorde a la carga laboral que asumen en los despachos judiciales.
Según informó el sindicato, el paro afecta el normal funcionamiento de juzgados mixtos, salas superiores y módulos judiciales. Solo las audiencias con detenidos en prisión preventiva y aquellas que involucren la flagrancia delictiva se realizan con normalidad. Para eso, existe un grupo de trabajadores de emergencia que permanecen operativos.
A raíz de esta jornada, durante la mañana del miércoles 22 de octubre, el ingreso a la sede principal de la Corte fue restringido. Decenas de litigantes y abogados se mostraron confundidos ante la suspensión de sus diligencias, mientras los manifestantes portaban banderolas y arengaban exigiendo una respuesta del Gobierno.
La dirigencia advirtió que la medida podría extenderse si no hay respuesta del Ejecutivo. Sucede que el paro de 48 horas es considerado preventivo, pero podría escalar a una huelga indefinida si el Ministerio de Economía y Finanzas no accede a las demandas del gremio judicial.
