El Consejo Fiscal encendió las alarmas sobre el grave impacto que deja el Congreso saliente. Serán alrededor de S/35.000 millones anuales las pérdidas para el Estado por leyes con efectos fiscales negativos. El informe del equipo liderado por Alonso Segura detalla que más del 79% de estas normas incrementan el gasto público y que el 44% fueron aprobadas por insistencia. Esto pese a las observaciones del Ejecutivo y el riesgo que representan para la estabilidad económica del país.
El análisis del Consejo Fiscal revela que entre agosto de 2021 y octubre de 2025 el Parlamento ha promulgado 229 leyes con impacto fiscal adverso. Lo que ha triplicando el promedio de los tres periodos legislativos anteriores. De ese total, el 44% fue aprobado por insistencia, ignorando los informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el organismo, el 79% de las leyes aumentan el gasto público, el 17% reduce los ingresos fiscales y el 4% afecta recursos subnacionales. Solo las normas aprobadas por insistencia suponen un costo de más de S/35.000 millones anuales. Lo que multiplica por 65 el gasto registrado en los 16 años previos.
El Consejo Fiscal advierte que el país podría enfrentar un déficit promedio de 5,8% del PBI entre 2026 y 2036, frente al 1% proyectado por el MEF. De mantenerse esta tendencia, la deuda pública superaría el 47% del PBI en 2036, y podría alcanzar el 70% si se aprueban las iniciativas legislativas aún en trámite, muy por encima del límite legal del 30%.
El estudio también critica la pérdida de rigor técnico del proceso legislativo. Menos del 45% de las leyes con impacto fiscal fueron observadas por el Ejecutivo y solo tres llegaron al Tribunal Constitucional. Muchas se aprobaron sin informes de costo fiscal ni revisión de la Comisión de Presupuesto.
Finalmente, el Consejo Fiscal advierte que el incremento descontrolado de leyes sin sustento financiero compromete la estabilidad macroeconómica, restringe la capacidad del Estado para invertir y debilita su respuesta ante futuras crisis.
