El silencio administrativo puede ser una forma de impunidad. Eso es lo que ocurre en el Proyecto Especial Integral Majes Siguas–Autodema. Sucede que una omisión de la entidad amenaza con dejar sin castigo a una empresa denunciada por graves infracciones en contrataciones públicas.
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 028-2025-OCI-0617-SOO, funcionarios de Autodema ignoraron reiteradas solicitudes para entregar información esencial al Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP). Poniendo en riesgo todo un proceso sancionador y debilitando la capacidad del Estado para hacer justicia administrativa.
Queda impune
El caso se originó luego de que el estamento denunciara a la empresa Vizua Inversiones E.I.R.L. Esta suscribió una orden de servicio pese a estar impedida para contratar con el Estado. Además, se le atribuye haber presentado información inexacta, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.° 30225).
El Tribunal de Contrataciones Públicas, mediante la cédula de notificación N.° 120702/2025.TCP de fecha 8 de agosto de 2025, solicitó a Autodema que, en un plazo de diez días hábiles, remitiera un informe técnico-legal, la orden de compra, constancias de recepción, declaraciones juradas del proveedor y cotizaciones. Todos documentos presuntamente falsificados o adulterados y evidencia de su presentación en el proceso de contratación.
Sin embargo, la unidad contralora comprobó que la institución no respondió dentro del plazo, pese a las reiteradas advertencias. El 19 de agosto, mediante oficio, se recordó al jefe de la Unidad de Administración que el límite vencía el 29 del mismo mes, pero el requerimiento no fue atendido. Una nueva comunicación el 7 de octubre volvió a insistir sin éxito.
A la fecha de emisión del informe (17 de octubre de 2025), la documentación seguía sin enviarse. Esta omisión —según Contraloría— podría limitar la potestad punitiva del Tribunal y conducir a la prescripción del caso, generando impunidad para los presuntos infractores. De acuerdo con la Ley N.° 30225, las infracciones prescriben en tres años, y las relacionadas con documentación falsa en siete.
Entorpecen investigaciones
El informe subraya que el TCP había advertido que, de no recibir la información solicitada, resolvería el caso “con la documentación obrante en autos”. Esto podría favorecer indebidamente a la empresa denunciada. En otras palabras, la falta de colaboración de Autodema entorpece la aplicación de sanciones y compromete la transparencia de la gestión pública.
La Contraloría también recordó que el Reglamento de la Ley de Contrataciones obliga a las entidades contratantes a remitir la información solicitada por el TCP en un máximo de diez días hábiles, bajo responsabilidad administrativa. En este caso, dicha disposición fue ignorada.
La negligencia del área administrativa de Autodema constituye una situación que afecta los objetivos institucionales y el adecuado control de las contrataciones públicas. El documento advierte que la entidad debe informar las acciones adoptadas o por adoptar frente a la irregularidad. Además, debe adjuntar la documentación que demuestre el cumplimiento de dichas medidas. Esto para evitar un blindaje.
