Una campaña política con tintes de crueldad recae sobre el movimiento regional “Arequipa Avancemos», cuyo símbolo político es precisamente un pollo. Sucede que dos precandidatos de esta agrupación utilizan animales vivos como parte de su propaganda electoral. Esto en abierta vulneración a la ley y al sentido común, según denunciaron colectivos animalistas.
El caso más visible es el del actual alcalde de Socabaya, Juan Roberto Muñoz Pinto, quien fue grabado entregando pollitos recién nacidos a los asistentes de una actividad partidaria en el Cono Norte de Arequipa. En el video se observa al burgomaestre repartir las aves como si fueran obsequios de campaña, en compañía de simpatizantes del movimiento. Esta acción no solo habría infringido la neutralidad electoral, sino también la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal.
En una escena similar, el teniente alcalde de Alto Selva Alegre, Marcos Sánchez Orihuela, también precandidato por Arequipa Avancemos, fue captado regalando gallos a vecinos de su distrito durante una actividad proselitista. Los animales eran entregados en cajas y sacos, en evidente situación de estrés y sin condiciones adecuadas de cuidado.
“Lo que está ocurriendo es una clara comisión de un delito. Estos animales son seres domésticos protegidos por ley. No se puede generar ningún tipo de sufrimiento, ni físico ni psicológico. Entregar pollitos como si fueran objetos es un acto cruel que debe ser sancionado”, afirmó Heidi Paiva, vocera de la Asociación Proyecto Libertad. Este es un colectivo que evalúa presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Paiva explicó que los pollos y gallos, pese a ser tradicionalmente vistos como animales de consumo, sienten dolor y miedo como cualquier otro ser vivo. “Para hacer un ejercicio de empatía, imaginemos que alguien reparte bebés recién nacidos como parte de una campaña. Es lo mismo que está ocurriendo con estos animales”, señaló.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran además que los animales fueron transportados en condiciones precarias, dentro de sacos y cajas de cartón, sin ventilación ni cuidados básicos. Por ello, se advierte que esta práctica constituye un acto de maltrato penado con hasta tres años de cárcel, según el artículo 206-A del Código Penal.
La activista demanda que el Ministerio Público actúe de oficio y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa sancionar a los involucrados por vulnerar la neutralidad electoral. “No se puede normalizar que se usen animales para hacer política. Es un acto de crueldad y oportunismo”, enfatizó Paiva.
