Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
Recientemente, se ha publicado la Ley Nro. 32468, que modifica el Código Penal con el objetivo de fortalecer la lucha contra el sicariato y la conspiración y ofrecimiento para el sicariato. Esta norma refleja el populismo punitivo que ha caracterizado a nuestra política criminal en los últimos años. En virtud del cual el Congreso legisla para la tribuna, sin considerar la efectividad real y/o la eficiencia de las medidas que se implementan.
Antes de la reforma el delito de sicariato ya tenía penas duras, que podrían llegar incluso hasta una cadena perpetua. Sin embargo, el legislador ha considerado necesario aumentar la pena para el sicariato, en su tipo base; así como, para el tipo base del delito de conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato.
El cuestionamiento es que no existe un análisis serio sobre la efectividad de esta medida y de otras que se han venido dictando. Es una falacia pensar que existe una “relación directamente proporcional entre incremento de pena y reducción de la delincuencia”. La realidad es que la pena no sirve para prevenir el delito, como lo afirma el profesor Zaffaroni, ningún infractor de la ley penal procede abrir su Código Penal para ver qué delito comete, o qué pena tiene cada delito.
La lucha contra la criminalidad requiere de una propuesta holística que abarque la prevención, el control, la disuasión y la reinserción con oportunidades. Para lograr esto, es necesario partir de un acuerdo nacional, de una política pública que tenga objetivos y metas claras para enfrentar el crimen. Esta política debe involucrar a todas las instituciones, siendo liderado por el Ejecutivo. Se debe enfatizar en el trabajo de inteligencia policial que identifique a las organizaciones criminales, que se mimetice para conocer sus estructuras, con tecnología avanzada que permita geolocalizar, identificar llamadas extorsivas, dar seguimiento en tiempo real al autor de las llamadas, etc., y recabar las pruebas que incriminen al autor del delito.
Asimismo, no se trata solo de aumentar las penas, sino de implementar una política criminal integral que aborde las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. La falta de oportunidades, la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a la educación y al empleo son factores que contribuyen a la delincuencia y que no son abordados por el gobierno, ni por el Congreso. En general, no observamos una política pública que considera la importancia de la inteligencia policial y la tecnología avanzada en la lucha contra el crimen.
De la misma forma, es necesario que se destine recursos para implementar estas tecnologías avanzadas de lucha contra el crimen, y en general, para la seguridad ciudadana.
Podemos colegir, que la Ley N° 32468 es un ejemplo más del populismo punitivo que caracteriza las últimas reformas penales implementadas por el Congreso. En lugar de abordar la raíz del problema, se busca dar una solución simplista, aumentando las penas sin considerar la efectividad real de esta medida. Es hora de entender que la lucha contra la criminalidad requiere de una propuesta holística y sostenida, que aborde las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Y que involucre a todas las instituciones del Estado. Aumentar las penas no es la solución al problema.
