Los trabajadores de la salud contratados bajo la modalidad CAS COVID-19 salieron nuevamente a las calles de Arequipa para exigir al Congreso de la República la aprobación del dictamen que autoriza su nombramiento excepcional. La medida, aprobada previamente por la Comisión de Presupuesto, beneficiaría a 1 679 servidores de la región y a más de 54 mil a nivel nacional.
La manifestación se concentró en la Plaza de Armas, donde los profesionales recordaron que ingresaron por concurso y que llevan más de cinco años trabajando en hospitales y redes de salud de la región. Según explicaron, muchos perciben sueldos por debajo del mínimo, pese a realizar las mismas funciones que el personal nombrado.
La bióloga Valery Salazar, vocera del grupo, señaló que durante la pandemia asumieron labores de alto riesgo sin contar con equipos adecuados ni beneficios básicos. “Trabajamos cuando nadie quería hacerlo. Muchos compañeros enfermaron o perdieron familiares, y hoy seguimos con contratos precarios”, afirmó.
El debate en el Congreso fue postergado la semana pasada debido a la crisis política generada por la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. Los manifestantes piden que el dictamen sea priorizado y que se obtengan los 87 votos necesarios para su aprobación en primera votación.
De no concretarse el nombramiento, los trabajadores advirtieron que podrían iniciar una huelga nacional indefinida. “Somos el 70 % del personal activo en los establecimientos de salud. Nuestro trabajo sostiene al sistema, pero no tenemos estabilidad ni derechos elementales”, agregó Salazar.
Los manifestantes insistieron en que su pedido no representa un gasto excesivo para el Estado, sino un acto de justicia social. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, concluyeron.
