El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, no retrocede en sus expresiones despectivas contra los ciudadanos que alistan manifestaciones contra el régimen de José Jerí. No obstante, el mandatario regional trata de pasar por agua tibia las críticas que desataron sus recientes declaraciones, en las que calificó de “revoltosos” a quienes participan en las movilizaciones.
Sánchez sostuvo que su intención no fue desacreditar el derecho a la protesta, sino diferenciarlo de los actos de violencia. “El derecho a la protesta está garantizado, es constitucional y legítimo. Siempre y cuando se respete la propiedad privada y pública”, declaró, marcando una línea entre el manifestante y lo que él denomina como “revoltoso”.
Sin embargo, insistió en justificar el término que usó. Según su explicación, “el revoltoso es aquel que forma parte de una revuelta, y la revuelta es un acto violentista”. Con esa definición, buscó desligarse de cualquier ataque a los arequipeños, pero su discurso mantiene la misma carga peyorativa que motivó las críticas iniciales.
Además, apeló al contexto del X Congreso Internacional de la Lengua Española para explicar el alcance de sus palabras. Afirmó que, en otras regiones del país, las movilizaciones habrían derivado en violencia, y que sus comentarios reflejan esa preocupación. “En otras regiones, la situación no está por el lado de la protesta, sino por el lado de la violencia”, insistió.
El gobernador regional también aprovechó la ocasión para remarcar su respaldo al Estado de Derecho y a los procesos democráticos. Asegura que como autoridad le corresponde respetar el Estado de Derecho y las sucesiones constitucionales. Por ello, se mantiene el margen de las movilizaciones que se preparan a nivel nacional. Sánchez parece olvidar que el malestar social también es una forma de participación política y expresión democrática.
En un tono más conciliador, el gobernador intentó revertir el impacto de sus palabras asegurando que no se opone a las manifestaciones, pero sí aquellas que contengan connotaciones violentistas. El gobernador habla de democracia y respeto, pero su lenguaje —marcado por la desconfianza hacia el ciudadano que protesta— revela una mirada antidemocrática.
