El pueblo peruano convoca un paro nacional hoy, miércoles 15 de octubre. La calle le enseña política al poder. Frente a un Estado que parece legislar para la impunidad y un crimen que avanza sin tregua, miles de peruanos, con la Generación Z a la vanguardia, se preparan para tomar las calles. La movilización no es solo una reacción visceral al miedo y la frustración; es una manifestación de cultura política en su forma más pura. Analizada bajo la lupa de la filósofa Hannah Arendt, esta protesta emerge como un acto de desobediencia civil: el ejercicio legítimo de la ciudadanía para revitalizar una democracia en crisis.
Arendt y el Perú actual
El pensamiento de Hannah Arendt, una de las filósofas políticas más influyentes del siglo XX, resurge con vigencia en el escenario peruano actual. Para Arendt, la desobediencia civil no es un acto de caos o anarquía, sino una forma de cultura política profundamente arraigada en la acción colectiva y pacífica. Es el ejercicio de la libertad ciudadana para desafiar leyes o políticas consideradas injustas, reafirmando así el poder del pueblo y revitalizando la vida política.
En el Perú, este concepto encuentra eco en las movilizaciones ciudadanas que responden a una percepción generalizada de crisis. Esta se alimenta de varios frentes: la conmoción por tragedias como la masacre de La Cantuta, cuya sombra aún proyecta dudas sobre la impunidad; la inseguridad ciudadana marcada por índices elevados de extorsión y robo; y la promulgación de lo que diversos analistas y colectivos civiles han denominado “leyes procrimen” desde el Congreso, las cuales —argumentan— podrían beneficiar a delincuentes o debilitar la lucha contra la corrupción. En este contexto, la convocatoria al paro del 15 de octubre se presenta como un mecanismo de última instancia para ser escuchados.
Radiografía de un descontento nacional
La convocatoria a las protestas del 15 de octubre es resultado de una policrisis que ha provocado una pérdida crítica de legitimidad en las instituciones peruanas —Congreso y Ejecutivo—, agravada por una corrupción endémica. Esta crisis institucional se manifiesta en una brutal crisis de seguridad ciudadana, con tasas de victimización muy altas que afectan la salud mental de la población. Un detonante simbólico fue el atentado contra la orquesta Agua Marina, que demostró que la violencia ha invadido todos los ámbitos de la vida.
Destaca además que el liderazgo de la protesta recae en movimientos juveniles de la Generación Z, como el Bloque Universitario, quienes, aliados con sectores tradicionales, reclaman el espacio público ante el fracaso del diálogo con las autoridades.
La desobediencia civil: una Lección de ciudadanía
Para comprender la profundidad de esta protesta, es útil recurrir al pensamiento de Hannah Arendt. Lejos de ser un simple desorden, la movilización se alinea con su concepto de “desobediencia civil” como una forma elevada de participación política. Arendt distingue este acto —colectivo, público y político— de la objeción de conciencia, que es individual y privada. El objetivo de la desobediencia civil no es salvar el alma del individuo, sino cambiar una ley o política injusta para el bien común, respetando el “espíritu de las leyes”.
Para Arendt, la política genuina ocurre en la “esfera pública”, donde los ciudadanos actúan en conjunto. Cuando las instituciones formales son cooptadas por intereses privados, pierden su carácter político. La protesta se convierte entonces en el acto de crear un nuevo espacio público, una herramienta para combatir la apatía ciudadana que permite la degradación de la democracia. Este marco filosófico tiene respaldo en la Constitución peruana, que garantiza el derecho a la protesta mediante las libertades de expresión y reunión pacífica.
Tejiendo a Arendt con la realidad peruana
Al aplicar el marco de Arendt a la crisis peruana, la marcha se revela como una respuesta políticamente sofisticada a una disfunción institucional profunda.
Primero, la marcha es un ejemplo de “acción” arendtiana: la capacidad humana de iniciar algo nuevo cuando los canales de representación están obstruidos. El politólogo Martín Tanaka ha descrito el sistema político peruano como uno marcado por una profunda crisis de representación, donde los partidos funcionan como “vientres de alquiler” para intereses particulares.
Segundo, la desobediencia civil se dirige contra medidas injustas específicas. Este Congreso modificó la Ley contra el Crimen Organizado, siendo la más notoria la Ley N.º 32108. Al introducir requisitos más restrictivos, esta norma dificulta la labor de fiscales y jueces, generando un manto de impunidad para las redes delictivas. Su derogación es una de las principales demandas de los transportistas. Esta ley no es un caso aislado: el informe Legislar para la impunidad de Human Rights Watch documenta un patrón de acciones legislativas que benefician a actores corruptos y criminales.
La protesta representa un quiebre con el conformismo social, la peligrosa normalización de la crisis. Existe un doble rasero entre la retórica del Ejecutivo, que promete una “lucha implacable contra el crimen”, y la realidad legislativa que fabrica impunidad, lo que convierte la desobediencia civil en la única respuesta coherente.
Entre la esperanza cívica y la incertidumbre
La convocatoria al paro nacional y la marcha de hoy, 15 de octubre, son mucho más que una simple protesta. Son un acto de cultura política, una lección práctica de ciudadanía inspirada en los principios que Hannah Arendt defendió. Demuestran que, frente al fracaso institucional y las leyes injustas, la desobediencia civil emerge como una herramienta vital para que el pueblo reafirme su soberanía.
El desafío, sin embargo, es monumental. Queda por ver si esta potente exhibición de acción ciudadana podrá catalizar una reforma institucional genuina o si será un momento efímero. El resultado es incierto, pero el acto mismo de la protesta —la recuperación del espacio público por una nueva generación— es un signo inequívoco de que el espíritu democrático en el Perú, aunque puesto a prueba, se niega a extinguirse.
Hoy tengo el deber y la obligación de estar en la calle. ¡Tengo el justo derecho a la protesta pacífica!
