Elmer Cáceres Llica recupera su libertad tras cuatro años de cárcel 

Después de pasar cuatro años en prisión, el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, volvió a pisar las calles en libertad. Esto luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anulara su condena y ordenara repetir íntegramente el juicio por la compra irregular de butacas para el coliseo “La Montera”, en el distrito de Chivay.

La resolución judicial, emitida el 9 de octubre, dispone que el proceso sea revisado desde cero, debido a presuntos vicios procesales cometidos durante el juicio anterior. Es decir, la liberación del exmandatario regional no se debe a un fallo de inocencia, sino a la nulidad de la sentencia que lo mantenía recluido en el penal de Socabaya.

Muestra arrepentimiento 

El exgobernador aún no confirma si participará en las próximas elecciones nacionales o regionales.

A su salida del establecimiento penitenciario, Cáceres Llica fue recibido por un pequeño grupo de simpatizantes que lo esperaban con aplausos y banderas. Con evidente emoción, el exgobernador se dirigió a ellos para ofrecer un mensaje cargado de gratitud y reflexión tras su prolongada reclusión.

“Estos cuatro años de prisión me han servido para reflexionar sobre la vida, sobre las cosas que deben hacerse bien y evitar lo malo. Durante cuatro años no he podido abrazar a mi hijita, no he podido llevarla al colegio ni despertarla en las mañanas” expresó. Y resaltó el dolor que le causó la distancia con su familia

Frente a los cuestionamientos sobre un posible retorno a la política, el exgobernador se mostró prudente. “Por el momento no estoy pensando en eso. Ustedes entenderán que necesito ubicarme nuevamente, adaptarme a la realidad después de tanto tiempo encerrado”, añadió. 

Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para reiterar su inocencia respecto a las acusaciones que lo llevaron a prisión. “Soy inocente en todos los procesos”, insistió, aunque evitó referirse al fallo judicial que ordena repetir el proceso.

El caso por la adquisición de butacas para el coliseo “La Montera” en Chivay fue uno de los varios procesos que afrontó el exgobernador. En ese es acusado de colusión y negociación incompatible durante su gestión, por autorizar la compra irregular de 232 butacas por 21,460 soles para el coliseo. La investigación, según la Fiscalía, reveló sobrevaloraciones y deficiencias en la compra realizada durante su gestión como alcalde de la jurisdicción cayllomina.

A foja cero 

La Fiscalía acusó a Cáceres Llica por haber sobrevalorado la compra de butacas para el coliseo de Chivay.

La decisión de anular la sentencia contra Cáceres Llica fue anunciada el 9 de octubre durante una audiencia encabezada por el magistrado supremo César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó el juez, durante el juicio que culminó con la condena se introdujo de manera irregular una acusación complementaria que modificó la imputación inicial. Esto sin otorgar a la defensa la oportunidad de responder.

Uno de los principales cuestionamientos fue la inclusión del testimonio de una nueva testigo, Justina Jacobo Huamán, cuya declaración fue incorporada al expediente, pero nunca debatida en juicio. Y es que fue citada para ratificar su versión. Sin embargo, no asistió a la audiencia. Esto impidió a la defensa ejercer su derecho al contradictorio, principio que garantiza la igualdad de condiciones entre las partes para debatir las pruebas presentadas.

Ante esta irregularidad, la Corte Suprema concluyó que el tribunal de primera instancia debió suspender el juicio y permitir la formal incorporación de la nueva acusación. Al no hacerlo, se vulneró el principio de defensa y se afectó la validez del proceso. Por ello, declaró fundado el recurso de casación presentado por la defensa del exgobernador, anuló la sentencia condenatoria y ordenó la realización de un nuevo juicio oral en primera instancia.

Si bien la decisión le abrió el camino para su excarcelación, no los limpia de su presunta culpabilidad. La condena anulada fue dictada en 2023 por el juez Eddy Leva Cascamayta, quien impuso siete años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 13,592 soles. 

Fotos: Colca Informa

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