El nuevo y flamante jefe de Logística del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Jhonnathan Dreik Guillinta Barrueto, llega al cargo con un serio antecedente en su hoja de vida. La Contraloría General de la República lo incluyó en una investigación por presuntas irregularidades en un proceso de contratación pública realizado en la Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJLE), durante su gestión como coordinador de logística de esa entidad.
El funcionario fue designado recientemente por el gobernador Rohel Sánchez Sánchez, en reemplazo de Alexander Solís Montesinos. Este había asumido el cargo apenas en septiembre de 2025 tras la salida de Léider Riveros Pariona, condenado por el delito de colusión agravada. Con esta designación, el área de Logística del GRA acumula tres cambios en poco más de un año. Todos marcados por cuestionamientos o antecedentes judiciales.
Investigado por Contraloría
La investigación de Contraloría que involucra a Guillinta Barrueto corresponde al Informe de Control Específico N.º 010-2023-2-0279-SCE. En este se reveló un conjunto de irregularidades en la contratación del servicio de mensajería local y nacional para la Corte de Lima Este, por un valor estimado de S/ 2 884 335,43. El caso fue detectado en el Concurso Público CP-SM-2-2021-CS-CSJLE/PJ-1, donde se determinó que el valor referencial carecía de sustento técnico y legal.
Según el ente de control, la coordinación de Logística de la CSJ Lima Este, dirigida entonces por Jhonnathan Dreik Guillinta Barrueto, solicitó cotizaciones a empresas que no contaban con la concesión postal exigida por ley. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que los proveedores de servicios postales deben tener una concesión vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), condición que fue ignorada en el proceso.
El informe detalla que el actual funcionario de Sánchez pidió cotizaciones a veinte empresas, de las cuales al menos siete carecían de la concesión postal obligatoria. A pesar de esta omisión, certificó falsamente que las firmas invitadas cumplían con los requisitos legales. Lo hizo a través del Informe N.º 000537-2021-CLOG-UAF-GAD-CSJLE-PJ, documento que sirvió de base para calcular el valor referencial del servicio.
De las cuatro cotizaciones recibidas, tres fueron validadas y utilizadas por Guillinta Barrueto para determinar el valor estimado de S/ 2.8 millones. Sin embargo, dos de esas tres empresas —AQPERU S.A.C. y Grupo Panamundo S.A.C.— no estaban habilitadas para operar como concesionarias postales, lo que invalida el cálculo del presupuesto base. Incluso se comprobó que Grupo Panamundo S.A.C. tenía una actividad económica distinta, según su ficha RUC. Esto agravó la falta de diligencia en la revisión.
La unidad contralora advierte que estos actos transgredieron el Reglamento de Contrataciones del Estado, al emplear información proveniente de proveedores no habilitados. Como consecuencia, el valor referencial del proceso se construyó sobre datos irregulares. Esto generó una distorsión en la competencia y una afectación a la legalidad del proceso.
Otros involucrados
El informe también señala responsabilidades en otros exfuncionarios de la cantidad de justicia. La coordinadora del área usuaria, Milagros Enriqueta Borja Moreno, habría autorizado modificaciones indebidas a los Términos de Referencia (TDR), añadiendo requisitos no relacionados con el servicio de mensajería. Estas alteraciones restringieron la participación de empresas y dejaron en carrera a un único postor, cuya oferta terminó siendo favorecida.
Por su parte, el Comité de Selección habría convalidado estas irregularidades. Según la auditoría, otorgó la buena pro a un postor que no acreditó la experiencia exigida en las bases. Mientras el comité —también integrado por el actual funcionario del GRA— señaló que el proveedor cumplía con una experiencia de S/ 2.4 millones, los auditores verificaron que apenas llegaba a S/ 616 mil soles, cifra muy inferior al requisito técnico.
Pese a la evidencia disponible, los funcionarios responsables no realizaron las verificaciones mínimas que exige la ley. El comité pudo consultar fácilmente el directorio público de concesionarios del MTC, lo que habría evitado el uso de cotizaciones inválidas. La omisión de esta verificación básica configuró una falta funcional grave.
Como resultado, el órgano de control recomendó al Poder Judicial iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores involucrados. Entre ellos Jhonnathan Dreik Guillinta Barrueto, por presunta responsabilidad administrativa funcional. También sugirió remitir copias del informe al Ministerio Público para que determine si los hechos configuran delitos contra la administración pública.
