Tras casi cuatro años en prisión, el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, está a punto de recuperar su libertad. La Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia de siete años de cárcel que pesaba en su contra por el delito de colusión agravada. Esto tras determinar que el proceso judicial en su contra tuvo vicios procesales que vulneraron su derecho a la defensa.
La decisión judicial fue oralizada la mañana del 9 de octubre, durante una audiencia dirigida por el magistrado supremo César San Martín Castro. El mencionado juez sustentó la existencia de un vicio procesal en proceso que culminó con la condena del exgobernador de Arequipa en 2023.
Vicios procesales
Según explicó el titular de la Sala Permanente, durante el proceso penal se introdujo de manera irregular una acusación complementaria que modificó los términos de la imputación original, incluyendo el testimonio de una nueva testigo, Justina Jacobo Huamán, cuya declaración no fue debidamente debatida por las partes.
El magistrado precisó que la testigo fue citada para ratificar su versión ante la Fiscalía, pero nunca asistió al juicio. Esto impidió que la defensa de Cáceres Llica ejerza su derecho al contradictorio. Un principio procesal que garantiza a todas las partes involucradas en un proceso el derecho de ser escuchadas, de presentar sus propios argumentos y pruebas, y de imponer y refutar lo presentado por la contraparte. Este hecho vulneró el principio de defensa, afectando la validez de todo el proceso.
Así, la Corte Suprema concluyó que, ante esta situación, lo correcto era suspender el juicio e incorporar formalmente la nueva acusación, otorgando a la defensa la posibilidad de responder en el juicio. Al no haberse realizado este procedimiento, el fallo de primera instancia quedó viciado y, por tanto, carente de validez.
En consecuencia, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cáceres Llica. Por consiguiente, se anuló la sentencia condenatoria y se dispuso la realización de un nuevo juicio oral en primera instancia. Esto significa que el proceso tendrá que retrotraerse. Sin embargo, la liberación del exgobernador no será inmediata, ya que la Corte Suprema debe notificar la resolución de casación al Juzgado de origen (Arequipa) para que este ejecute la excarcelación.
Investigado por colusión
La condena anulada fue impuesta en 2023 por el Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo del juez Eddy Leva Cascamayta. El fallo condenaba al exmandatario regional siete años de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Además del pago de una reparación civil de 8,592 soles por daño emergente y 5,000 soles por daño extrapatrimonial.
Los hechos se remontan al periodo en que el investigado fue alcalde provincial de Caylloma (2011–2014). Según el Ministerio Público, en su condición de edil autorizó la compra irregular de 232 butacas por un monto de 21,460 soles para el coliseo municipal “La Montera” de Chivay. Esto en presunta concertación con Antonia Magaly Lara, entonces proveedora del municipio.
El caso, aunque se centraba en una compra aparentemente menor, se convirtió en uno de los primeros antecedentes judiciales de corrupción que enfrentó Cáceres Llica antes de llegar al Gobierno Regional de Arequipa.
Los “hijos del cóndor”
Paralelamente, el exgobernador enfrenta otra investigación de alto perfil: el caso “Los Hijos del Cóndor”. En este se le acusa de haber dirigido una red de corrupción dedicada al intercambio de beneficios políticos y económicos durante su gestión regional. La hipótesis de la Fiscalía sostuvo que ofrecía terrenos de Autodema a los consejeros regionales, a cambio de evitar cualquier tipo de fiscalización.
Por este caso, fue detenido el 23 de octubre de 2021, durante un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Tras su detención, permaneció recluido en el penal de Socabaya tras recibir inicialmente 24 meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial. Aunque después hubo ampliaciones a su prisión preventiva.
En ese proceso también fueron investigados varios exconsejeros regionales y exfuncionarios. Entre ellos Marcelo Córdova Montoy, exgerente de AUTODEMA, quien también fue liberado tras cumplir 42 meses de prisión preventiva, sin que la Fiscalía haya presentado acusación formal.
Al no existir otras órdenes de detención vigentes, Cáceres Llica será excarcelado una vez se notifique la anulación del fallo de colusión. No obstante, el nuevo juicio ordenado por la Corte Suprema mantiene vigente la investigación en su contra. Con esta decisión, el proceso judicial del exgobernador entra en una nueva etapa.
