Un informe del BID reveló que los trabajadores públicos ganan, en promedio, mucho más que los del sector privado. En 2020, la diferencia ya era del 43%, y en 2025 la brecha se mantiene: los empleados estatales perciben sueldos más altos incluso en puestos con menor nivel educativo. Pese a ese incremento, los servicios públicos —educación, salud y justicia— continúan mostrando deficiencias estructurales y una productividad en retroceso.
El análisis de Vigilante.pe confirma que la brecha salarial se amplió en lo que va del año. Entre enero y julio, los sueldos en el Estado crecieron 9.1%, mientras que en el sector privado retrocedieron 3.2%, arrastrados por el bajo dinamismo económico. Esa diferencia plantea una duda que no deja de incomodar: ¿más gasto significa mejores resultados?
La evidencia apunta en dirección contraria. En educación, los incrementos salariales no se reflejan en mejoras del aprendizaje. En salud, las huelgas, las largas esperas y la falta de personal evidencian un sistema que no logra responder a las demandas ciudadanas. En justicia, los procesos se enredan en la lentitud burocrática y la mala gestión fiscal, pese a los mayores presupuestos destinados al personal.
El problema no solo es de eficiencia, sino de prioridades. El Presupuesto Público 2026 crecerá apenas 2.2%, pero el gasto en planillas aumentará 12%, mientras los recursos para obras caerán 13%. En la última década, el presupuesto para personal subió 152%, sin que los servicios públicos muestren una mejora perceptible.
Los contribuyentes siguen cargando con un aparato estatal cada vez más costoso. Los impuestos que deberían traducirse en mejores escuelas, hospitales o infraestructura, terminan sosteniendo una planilla que crece sin resultados. La pregunta se repite en cada presupuesto: ¿hasta cuándo el país financiará un Estado que paga más, pero ofrece menos?
